Contraloría advierte que funcionarios públicos que recibieron canastas pueden ser denunciados por peculado

Hace unos días, la Contraloría detectó que 370 funcionarios y servidores públicos de la región Piura recibieron la canasta de víveres que estaba destinada a la población de extrema pobreza por la emergencia del coronavirus.

En los próximos días la Contraloría presentará un informe a las instancias respectivas: las entidades públicas afectadas, la Fiscalía o la Corte de Justicia de Piura. Así lo informó el supervisor general de la oficina de la Contraloría en Piura, Pablo Ocaña Arrieta, quien señaló que en este informe detallarán qué responsabilidad han hallado de parte de los funcionarios públicos involucrados.

Ocaña Arrieta explicó que hay tres tipos de responsabilidades que habrían cometido estos funcionarios: administrativa, civil y penal. Si hay responsabilidad administrativa, la misma entidad pública en la que trabaja el funcionario se encargará de sancionarlo por no haber cumplido el reglamento interno.

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Si es una responsabilidad civil, el informe será presentado ante la Corte de Justicia de Piura, para que se presente la demanda correspondiente. En este caso, el funcionario involucrado tendrá que resarcir el daño a la entidad pública con una indemnización económica.

En caso la responsabilidad sea penal, la Contraloría presenta el informe a la Fiscalía para que esta institución presente la denuncia respectiva. En este caso, el funcionario habría cometido peculado, es decir, usado directamente el dinero para otros fines, distintos al de las compras de los víveres.

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