La lucha de la Comunidad Campesina de Catacaos para evitar que empresas vinculadas al Sodalicio les arrebaten las tierras que les pertenecen por derecho es un problema que viven casi todas las comunidades campesinas del país. El motivo: no tienen el respaldo legal para el reconocimiento y titulación de sus terrenos por lo que deben enfrentarse a mafias vinculadas al tráfico de tierras.
Cutivalú conversó con el abogado y responsable del Programa de Acceso a Recursos Naturales del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Pedro Castillo Castañeda, quien señaló que el tráfico de tierras se presenta con mucha más fuerza en la costa norte del país, en donde inescrupulosas personas buscan apropiarse de tierras que luego les pueden servir para cualquier actividad económica.
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Castillo Castañeda explica que las normas, dadas en la Constitución de 1979 y 1993, no toman en cuenta la realidad de las comunidades campesinas, por lo que es complicado realizar la defensa legal de estos territorios.
“Ingresó Fujimori con la Constitución del 93 y rápidamente sacan dos normas que buscan apropiarse de las tierras de las comunidades de la costa… Facilitan el acceso a tierras de cualquier persona al interior de una comunidad”, puntualizó el especialista.
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Frente a ello, Castillo Castañeda recomienda una necesaria organización de las comunidades campesinas para evitar la problemática del tráfico de tierras.
“[En el caso de Catacaos] Hay un problema de organización de la comunidad, hay que ver qué dice el estatuto comunal, el padrón comunal, etc, para tener elementos que cuestionen los actos irregulares al interior de la comunidad”, enfatizó.
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Cabe indicar que esta semana se estaría conociendo el fallo final, si es que el Poder Judicial considera que las tierras de los comuneros le pertenecen a ellos mismos, o a las empresas vinculadas al Sodalicio.
