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Entre los meses de setiembre y octubre de 2019, el Consorcio Hospital Piura interpuso dos arbitrajes contra el Gobierno Regional de Piura. En el caso de la obra de Huarmaca el motivo es que la Gerencia Regional de Infraestructura le negó dos solicitudes de ampliación de plazo en la construcción del hospital de este distrito, por un total de 70 días, y una exigencia de presupuesto adicional por S/ 820 mil adicionales.
Se trata de las solicitudes de ampliaciones N° 04 y N° 05, presentadas el 27 de julio y 27 de agosto de este año, respectivamente. En ambos casos, el consorcio sostiene que durante las excavaciones para iniciar la obra, encontraron filtraciones de agua que necesita ser bombeada para continuar con “otras partidas críticas”.
Quince días después la Gerencia Regional de Infraestructura le negó los pedidos argumentando que el Consorcio Hospital Piura también elaboró el expediente técnico por lo que debió prever este problema.
Agregan que en el contrato existe una partida presupuestal denominada bombeo por drenaje para la etapa de cimentación, por lo tanto, dichos trabajos estaban presupuestados.Ante ello la contratista acudió al Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio y Producción de Piura para presentar un arbitraje contra el Gobierno regional de Piura. El consorcio exige la anulación de las resoluciones que les niega las ampliaciones.
Del mismo modo, este lunes, el procurador en temas de arbitrajes del Gobierno regional de Piura, Carlos Valdez Rojas, informó que el contratista presentó dos arbitrajes más, uno por el del hospital de Huancabamba y otro por el de Ayabaca. En ambos casos el motivo es que el consorcio pretende contratar especialistas con un perfil distinto al establecido en el contrato.
“En este caso el motivo es por el cambio de especialistas. Pero esos cambios tienen que respetar lo que diga el contrato, como no ha cumplido el Gobierno Regional se los ha negado. Entonces ha surgido estas discrepancias y el consorcio se ha ido a arbitraje”, dijo el procurador del GR.
En este punto es importante precisar que la obra de los hospitales fue licitada en el 2015 mediante la modalidad de concurso oferta suma alzada-llave en mano. Cutivalú analizó los contratos Nº 113-2015, Nº 114-2015 y Nº 115-2015.
En estos se pacta que el consorcio realizará los expedientes técnicos y luego ejecutará y equipará los hospitales estratégicos Huarmaca, Huancabamba y Ayabaca, respectivamente.Respecto a las solicitudes de ampliación de plazo, la cláusula 14.04 del contrato 113-2015, precisa 9 causales para sustentar una prórroga. Entre ellas figuran demora en el pago de valorizaciones, paralizaciones hechas por el gobierno regional, y la demora en la absolución de consultas.
Se deduce que todas las caudales necesariamente deben ser atribuibles al Gobierno Regional y no al Consorcio. Por ello, en ninguna se contempla los errores, omisiones u otro aspecto relacionado al expediente técnico.
En ese sentido, el procurador, sostuvo que las resoluciones emitidas por la Gerencia de Infraestructura están sustentadas legalmente, pues el mismo consorcio que ejecuta la obra, es el que elaboró los expedientes técnicos. Por lo tanto, durante la fase de estudios debieron advertir la filtración de agua.
Informó que la Procuraduría ya respondió las solicitudes de arbitraje, y están a la espera de que la Cámara de Comercio de Piura les notifique quienes serán los árbitros para ejecutar la defensa de los intereses del Gobierno Regional.
“La óptica de estas empresas es buscar causales para irse al arbitraje y ganarlos. No están pensando en terminar la obra y entregarla a la población, están pensando en un interés particular”, dijo el procurador en entrevista con Cutivalú.
Los recursos que se destinaron para financiar los tres hospitales provienen de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero la licitación quedó en manos del Gobierno Regional que dirigió Hilbck.
Según los nuevos cronogramas aprobados tras los retrasos de obra, el hospital de Huarmaca debe estar listo en octubre de 2020 y el de Ayabaca en enero de 2021.
Tras las primeras revelaciones de Cutivalú, el Consejo Regional de Piura inspeccionó las obras de los hospitales. La diligencia fue dirigida por el presidente de la Comisión de Fiscalización, José Luis Morey Requejo.
Luego de ello, este lunes citaron al procurador ad hoc en temas de arbitrajes, Segundo Valdez Rojas, para que explique ante el Consejo Regional el procedimiento que ha seguido ante la medida cautelar interpuesta por el consorcio. Esta impide al gobierno regional resolver el contrato y cobrar cuatro cartas fianzas.
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Quejan a juez
El procurador, Carlos Valdez, denunció que el Séptimo Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial de Lima, no notificó todos los escritos presentados por el Consorcio Hospital Piura para hacerse de una medida cautelar que impide al Gobierno regional rescindir contrato y cobrar las cartas fianzas. “Nosotros hemos pedido que nos notifiquen y entreguen todos los documentos, porque solo nos llegó una resolución”, expresó.
Acusó al juez, Juan Gustavo Varillas Solano, de no actuar correctamente al emitir su decisión. Según explicó, el 26 de setiembre el consorcio presentó la medida cautelar ante el despacho judicial, el 27 –que era viernes- corrige dicha solicitud y la vuelve a presentar, y rápidamente el 1 emite la resolución aprobando la solicitud.
“Eso nos da indicios razonables para quejar al juez. Ya lo hemos quejado el 12 de diciembre. ¿Por qué para emitir la resolución hay celeridad y para notificarnos no?”, expresó.
Asimismo, indicó que se han reunido con las áreas técnicas de la Gerencia de Infraestructura para responder técnicamente a este recurso judicial que beneficia al contratista.
Reconocen fallas
A través de una carta notarial enviada a raíz de un primer informe de Cutivalú donde damos a conocer sobre la ejecución de los hospitales, el consorcio Hospital Piura reconoció que el expediente técnico de Huarmaca tuvo deficiencias. Esto los obligó a reformular sus estudios.
En su carta reconoce que durante la elaboración del expediente “no lograron evidenciar la real cantidad de agua que se encontraba en el subsuelo”. Por ello, según informa, contrataron los servicios de profesionales altamente calificados. En sus informes demostraron que realmente había más agua, el cual le denominan “vicio oculto”.
Estos estudios, además de rehacer el expediente técnico tuvo un valor de 860 mil soles, precisa el consorcio.
El contratista señala que acudieron a la vía arbitral debido a que el gobierno regional “no atendió debidamente estos retrasos”. Sin embargo, el GR les responde que este problema le corresponde íntegramente al consorcio.
Respecto a la medida cautelar presentada en Lima, el Consorcio señala que las cuatro cartas fianzas fueron emitidas en esa ciudad. “Resultaba competente y adecuado acudir al Juzgado Civil de Lima y no al de Piura”, se lee.
