Según la base de datos construida por Ojo Público y Cutivalú, con información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), durante la gestión del exgobernador regional Reynaldo Hilbck, entre 2015 y 2018 en Piura, se firmaron 1.377 contratos de obras, bienes, servicios y consultorías vinculadas al sector salud por S/1.336 millones. Solo lo facturado a favor del Consorcio Hospital Piura representa el 19,4% de ese total: S/266 millones comprometidos precisamente para la construcción de los hospitales estratégicos para Huarmaca, Huancabamba y Ayabaca.
Dicho consorcio está integrado por dos constructoras españolas GOC S.A. y Assignia Infraestructuras; y tres peruanas Constructora Mediterráneo (ahora CMO Group), Mantenimiento Construcción y Proyectos Generales (Mantto), y Dextre + Morimoto Arquitectos, que actualmente tienen denuncias penales por irregularidades en las obras ejecutadas y una de ellas incluso se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado además de ser investigada en el Caso Lava Jato.
El domicilio fiscal del consorcio está consignado en Las Acacias 170, en la urbanización Miraflores (Piura), pero el lugar es una vivienda familiar. Allí nos indicaron que Jorge Rafael Morasino Salazar es el encargado de recibir las notificaciones para la empresa, pero este nos dijo que en dicho lugar nunca funcionó oficina alguna relacionada al contratista de los hospitales.
Empresas con antecedentes negativos
La principal integrante del grupo es Assignia Infraestructuras, que desde el pasado 29 de octubre pesa en su contra una demanda penal entablada por el Gobierno Regional de Tacna por usar documentos falsos para adjudicarse, el 2015, la construcción de un nosocomio valorizado en S/279 millones. Esta misma denuncia alcanza a otro miembro del Consorcio Hospital Piura: la constructora Mantto, pues ambas se asociaron para ganar esta obra en Tacna, que se mantiene inconclusa.
Assignia también forma parte del Consorcio Vial Pacucha que se adjudicó el asfaltado de una carretera en la región Apurímac y que es investigada por colusión por presuntas irregularidades en la obra.
Otra integrante del consorcio piurano sobre la que pesan cuestionamientos es Constructora Mediterráneo. El 2013 esta compañía se adjudicó la edificación de un hospital valorizado en S/122 millones, a través del Consorcio Andahuaylas, pero no lo concluyó. En enero de este año el Gobierno Regional de Apurímac resolvió el contrato e inició un arbitraje contra los miembros de dicho grupo.
Por su parte, Dextre Morimoto –junto a la brasileña OAS involucrada en el Caso Lava Jato– estuvo a cargo de la construcción del Hospital Lorena (Cusco). Según la declaración que dieron en junio dos colaboradores eficaces a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, esta obra se adjudicó el 2012 tras el pago de sobornos al expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio, hoy en prisión.
Actualmente, según el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Dextre Morimoto está inhabilitada para contratar con el Estado, desde el 2018 y hasta el 2022, por integrar un consorcio que presentó documentos falsos para ganar otro proceso de selección en Cajamarca.
