Los colegas de la congresista Rosio Torres, de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), le lanzaron un salvavidas justo antes de que la suspendieran por 120 días, tal como dictaminó el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, tras ser denunciada por recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho. En vez de ser suspendida, fue amonestada y multada con un salario mensual, ascendente a S/15 mil 600.
La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes (Acción Popular) leyó el informe final que señalaba a Ruiz de faltar contra las normas del Congreso, por lo que se planteaba suspender de sus funciones por cuatro meses.
Previo a la votación del dictamen, la congresista Cheryl Trigozo solicitó una cuestión previa para que la sanción a su compañera de bancada sea modificada y que, además, el informe contra Torres no sea derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.
El pedido fue respaldado por la mayoría de los integrantes del grupo de trabajo y se procedió a validarlo con sus votos. Votaron en contra de la propuesta solo tres congresistas, hubo una abstención y ocho estuvieron a favor.
El caso de Rosío Torres se dio a conocer el pasado 19 de junio, cuando una ex trabajadora de su despacho se presentó en el Comisión de Ética denunciando que la parlamentaria obligaba a sus colaboradores a entregar un tercio de sus salarios, dinero que era depositado en la cuenta de su sobrino Juan Pérez Guerra.
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