Las congresistas de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Ruth Luque, Susel Paredes, Nieves Limachi y Sigrid Bazán presentaron un nuevo proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a julio de 2024.
En el documento también se precisa que el mandato de la presidenta Dina Boluarte concluya el 30 de septiembre de 2024, mientras que los parlamentarios y representantes ante el Parlamento Andino el 28 de septiembre del referido año.
Asimismo, se precisa que la presidenta de la República convocará a elecciones generales el segundo domingo de julio del 2024. De haber segunda vuelta, esta deberá realizarse el último domingo del mes de agosto de 2024, correspondiendo que el presidente electo preste juramento y asuma el cargo el 30 de septiembre de 2024.
Las impulsadoras de este nuevo proyecto de ley argumentan que este adelanto de elecciones obedece a la actual crisis política y social que atraviesa el país y sobre todo al desprestigio del Congreso y el Ejecutivo que tienen más de 90% de desaprobación. Además, de ser los responsables de las graves muertes en las manifestaciones de diciembre y enero.
De igual forma, la ley resalta el lamentable fallecimiento de 67 personas y más de 1 900 resultaron heridas en el contexto de las protestas sociales llevadas a cabo a nivel nacional en rechazo a la presidenta Dina Boluarte y el Parlamento.
La propuesta legislativa describe, la impunidad y la falta de esclarecimiento de los hechos de muerte registrados desde diciembre de 2022, la difusión de informes de prensa y de organismos internacionales incluyendo los de carácter oficial, que aportan evidencias sobre la responsabilidad de agentes del Estado en decenas de asesinatos.
Asimismo, determinadas acciones y decisiones tomadas desde el Ejecutivo y el Congreso de la República que atentan contra el balance de poderes públicos. También, la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que se han convertido en causas principales del descontento a nivel interno y del deterioro de la imagen de nuestro país a nivel internacional.
En el documento, se da cuenta que el Congreso ha logrado capturar diferentes organismos estatales, entre ellos el Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo.
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