Análisis. Expertos Pedro Grández y Omar Cairo advierten falta de argumentación constitucional en la moción admitida para el debate. Bancadas opositoras tampoco han asegurado el respaldo necesario de los legisladores para concretar la eventual salida de Castillo.
Aprobado ya para el debate el texto de la moción para intentar sacar del cargo al presidente Pedro Castillo, los promotores de la vacancia del Congreso ahora se enfrentan a dos retos: conseguir los 87 votos necesarios para dar el paso siguiente e intentar generar los argumentos constitucionales en función a una moción que adolece de ello.
ESCALA DE VOTOS
En cuanto a los votos, ninguna proyección conlleva a establecer que lograrán los 87 votos necesarios, en la sesión programada para el 28 de marzo. De los diez grupos parlamentarios, siete han votado por la admisión a debate de la moción: Renovación Popular, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Podemos Perú y Somos Perú.
En el hipotético caso de que estos siete grupos votaran en forma unánime a favor del paso siguiente de la vacancia y sumando los tres votos de los no agrupados del Partido Morado, solo alcanzarían 86 votos. Pero en este bloque hay bancadas que ni siquiera han definido su voto unánime por la vacancia: Acción Popular y APP.
POSIBLES DESERTORES
Una variable adicional es la eventual disidencia de algunos miembros de estos grupos. Es decir, aún si hubiera un acuerdo de bancada, podría haber algunos desertores. En APP, por ejemplo, Luis Picón votó el lunes en contra de la admisión a debate de la moción. Al interior de este grupo parlamentario hay quienes ya lo ven como oficialista, luego de su reciente viaje a Chile para la juramentación de Gabriel Boric.
En Somos Perú, de los cinco miembros, el portavoz Wilmar Elera también votó en contra. Incluso entre los morados hubo división: Edward Málaga votó a favor y Flor Pablo con Susel Paredes votaron en contra.
POCOS ARGUMENTOS
Otro aspecto serio es la ausencia de argumentos con sustento constitucional en la lista de veinte hechos presentados como supuestos de vacancia por incapacidad moral permanente.
Grandez detalló que las imputaciones, de ser el caso, se canalizan a través del antejuicio político, para que el Poder Judicial haga luego su trabajo. Por otro lado, también cuestiona la inclusión de acciones que tienen que ver con una “mala política de gobierno”, como las designaciones de ministros.
“Eso tampoco puede ser causal de vacancia”, enfatizó.
El constitucionalista Pedro Grández apunta que la moción 2148 incluye imputaciones penales que están en etapa de investigación “y eso es abiertamente inconstitucional”. Asimismo, recalcó que existe otro proceso para este tipo de situaciones.
“Si vamos al análisis jurídico-constitucional, no hay argumentos en esa moción. Los promotores de la vacancia buscan sustituir los argumentos por votos”, sostuvo.
La opinión es compartida por el constitucionalista Omar Cairo.
SUSTICIÓN DE PRUEBAS
Cairo, constitucionalista, también critica que se haya incluido hechos que comprometen a terceras personas y no directamente al presidente, como la supuesta eliminación de pruebas en Petroperú.
“Varios de los fundamentos de esta moción de vacancia son imputaciones de presuntos delitos y el procedimiento constitucional para esos hechos es otro”, acotó.
