Sin garantías. La presidenta de la comisión que verá la remoción de los miembros de la JNJ no apoyó el desafuero de Freddy Díaz. A ella la acompañan tres congresistas sindicadas como ‘mocha sueldos’ y uno como investigado en el caso Los Niños.
La presidenta de este grupo de trabajo es Janet Rivas, de Perú Libre. La legisladora, en su trayectoria en este Parlamento, tiene una serie de votaciones controversiales.
El 7 de septiembre del año pasado, el Pleno votó el informe final de la Comisión de Ética que recomienda suspender 120 días al ex congresista de Alianza para el Progreso (APP) Freddy Díaz, denunciado de haber abusado sexualmente de su ex trabajadora. Ese día se aprobó el informe con 99 votos. Sin embargo, la perulibrista Rivas se abstuvo.
El 10 de enero de este año, el Pleno también votó la denuncia constitucional contra Díaz por violación. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales propone inhabilitarlo por 10 años de la función pública.
En esa sesión, Díaz apeló a una cuestión previa para dilatar la votación. Su pedido no prosperó, pero una de las congresistas que respaldó esa solicitud fue la actual presidenta de la Comisión de Justicia.
Entonces, el Pleno sometió a votación la inhabilitación de Díaz. Rivas nuevamente se abstuvo. Ese día no se alcanzó la mayoría simple para desaforarlo. Fue un escándalo.
El 12 de enero último, el Parlamento volvió a evaluar la denuncia contra Díaz y se concretó su inhabilitación con 77 congresistas a favor. Rivas no participó.
La congresista Rivas tampoco apoyó la vacancia de Pedro Castillo, que se vio el 7 de diciembre pasado en el Congreso por haber intentado dar un golpe de Estado.
En agosto del año pasado, la legisladora de Perú Libre postuló a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva. Ese mes, Convoca informó que la congresista de Perú Libre fue denunciada en Cañete en 2018 por maltrato psicológico.
La República la llamó por teléfono y le escribió al Whatsapp para recoger su versión, pero respondió que no podía atendernos porque estaba en una reunión.
Otros integrantes de la Comisión de Justicia que investigarán a la JNJ son las legisladoras Rosío Torres (APP), María Acuña (APP) y Heidy Juárez (Podemos Perú). Las tres fueron denunciadas por recorte de sueldo a sus trabajadores. A ellas se suma Elvis Vergara (Acción Popular), investigado por el caso Los Niños.
Otro integrante es el congresista José María Balcázar, de Perú Bicentenario, quien fue presidente de la Comisión Especial del concurso público para el nuevo Tribunal Constitucional (TC).
La Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Lima investigó su gestión por falta de transparencia al no haber entregado los reportes completos de la Contraloría sobre los postulantes al TC, pese a que existía una solicitud de acceso a la información de por medio.
El 5 de enero último, el caso fue derivado a la Fiscalía de la Nación para que se pronuncie. Hasta la fecha no lo hace.
Ellos son algunos legisladores que discutirán el futuro de la JNJ. Trascendió que hoy debe ser remitida a la Comisión de Justicia la resolución de la moción que les encomienda realizar la investigación por 14 días hábiles.
El objetivo del fujicerronismo y sus aliados es remover a los miembros de esta institución. Será un proceso sin garantías.
Investigación cuestionada en el extranjero
Ayer, la Unión Internacional de Magistrados manifestó su preocupación contra la investigación que afrontará la JNJ. Esta organización internacional recalcó que este proceso sumarísimo se abrió justo cuando la JNJ investiga a altos funcionarios del sistema judicial que gozan del apoyo del Congreso.
“El propósito que se persigue con el mencionado proceso está fuera de la finalidad por el cual la Constitución le ha conferido la potestad de fiscalización del Congreso”, señala el pronunciamiento de la UIM que, además, manifestó su respaldo a la JNJ.
Junta Nacional de Justicia advierte riesgo de impunidad debido a investigación de Congreso
