Las congresistas Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Milagros Aguayo (Renovación Popular) coordinaron con organizaciones religiosas y ultraconservadoras la elaboración de dos proyectos de ley que atentan contra la salud de niñas y mujeres víctimas de violación sexual, y buscan traer abajo el derecho al aborto terapéutico, que se despenalizó en el Perú en 1924 para salvar la vida y salud de personas gestantes.
Ambos proyectos de ley pretenden asegurar que personas continúen con embarazos, aunque sean niñas o mujeres víctimas de violación, pues ignoran la existencia de estos casos. Solo durante el 2021, 1437 niñas han sido madres en el Perú, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (Minsa). La Defensoría del Pueblo indica que los embarazos en niñas menores de 14 años son siempre producto de violaciones sexuales. Para las Naciones Unidas, obligarlas a ser madres es tortura.
Estas iniciativas legislativas son impulsadas por un bloque parlamentario denominado “Por la vida y la familia”, cuyos integrantes ya votaron a favor del proyecto de ley que restringe al Ministerio de Educación la enseñanza de educación sexual integral, herramienta que ayuda a prevenir embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual.
En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Wayka expone cómo ambas parlamentarias, junto a iglesias evangélicas, cristianas y organizaciones ultraconservadoras, traman desde el Congreso la aprobación de dos proyectos de ley que violan derechos humanos de mujeres y contradicen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Maternidad obligada
El pasado 22 de noviembre ingresó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso el proyecto de ley 785, que “reconoce derechos al concebido”. Con este escrito, su autora, la pastora evangélica María Aguayo (Renovación Popular), quiere modificar el artículo 1 del Código Civil para que el Estado peruano garantice el “libre desarrollo intrauterino del concebido”, sin hacer excepción para las niñas y mujeres que quedaron embarazadas por una violación sexual.
Con este proyecto de ley, la congresista Aguayo también quiere modificar el Código Civil para que los concebidos sean sujetos de derecho, a pesar de que actualmente se indica que solo puede ser así en los recién nacidos. También pretende dotar de derechos patrimoniales al concebido, cuando el Código Civil ordena que esto solo sucederá para los que nazcan con vida.
Así, la parlamentaria contradice lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Artavio Murillo versus el Estado de Costa Rica. Según su resolución, no puede dotarse de derechos absolutos al concebido porque sino se violarían otros derechos, como los de las mujeres.
“La protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”, se lee en el resumen de la sentencia.
En su sentencia, la Corte IDH también explica que el concebido es considerado como tal luego de que el embrión se implanta en el útero de la persona gestante, mas no antes. Pero la parlamentaria no suscribe esto en los fundamentos de su iniciativa legislativa.
Al respecto, la abogada constitucionalista Edith Arenaza, asesora del área de litigio estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), explicó que, según la Corte IDH, la protección del derecho a la vida es gradual conforme se desarrolla el embrión implantado porque este aún no es una vida cierta, como sí sucede en las mujeres.
“La Corte señaló que se tiene que realizar una protección progresiva del concebido, pero no puede ser absoluta porque, si el concebido pone en grave riesgo la vida o la salud de la gestante, se tiene que ponderar la integridad de la vida desarrollada plenamente, que en este caso es la de la mujer”, aclaró.
El Estado peruano, al haber ratificado el tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe ceñirse a lo interpretado por la Corte IDH en sus sentencias. En ese sentido, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional deben respetar lo resuelto respecto al derecho a la vida.
“La Corte IDH en la sentencia Artavia Murillo señaló que existe la vida desde la concepción y por tanto desde ahí hay protección. Sin embargo, ningún derecho humano es absoluto. El límite de estos derechos se da cuando afecta otros derechos humanos o fundamentales. En este caso, esta protección de la vida del concebido no puede ser absoluta cuando afecta los derechos de las mujeres”, afirmó.
Golpe al aborto terapéutico
El proyecto de ley de la congresista Aguayo también afectaría que las mujeres accedan al aborto terapéutico. Desde 1924, el aborto terapéutico está despenalizado en el Perú y desde el 2014 existe un protocolo para que médicos y médicas lo apliquen. Esta norma asegura que la mujer o su representante legal decidirán si el aborto terapéutico se aplicará en caso su vida o salud corran riesgo por el embarazo.
Si se aprueba la propuesta de la parlamentaria de Renovación Popular, esta decisión también la podrán tomarla los convivientes, parejas o familiares de la persona gestante.
“Si se aprueba esta ley, se vulnera el derecho a la salud e integridad de la mujer porque se le está prohibiendo decidir sobre su cuerpo. (…) Si le dan el derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer al esposo o a la familia, ellos podrían oponerse. ¿Y si muere o queda en un estado de gravedad de salud irreparable? Hemos visto un caso en Colombia en el que la mujer solicitaba el aborto, pero la pareja no quería, entonces hizo toda una campaña mediática para que le nieguen el aborto. Lo mismo podría pasar aquí porque ya tendrían esta potestad los cónyuges o las parejas”, comentó.
La congresista Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, quien integra el bloque parlamentario “Por la vida y la familia”, también presentó un proyecto de ley que busca garantizar que personas gestantes continúen con embarazos, a pesar de que sean niñas. En estos casos sus posibilidades de morir aumentan hasta en 4 veces y se hacen propensas a sufrir malnutrición, y a cargar con bebés con malformaciones congénitas.
Barbarán también busca obligar la continuidad del embarazo en las mujeres que sufrieron una violación sexual. Su propuesta legislativa, titulada “Ley que promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar”, está basada en el proyecto de ley del excongresista Yonhy Lescano, que buscaba obligar a las mujeres embarazadas por violación sexual para que tengan a los hijos, que luego serían puestos en adopción.
Aliadas de religiosos
Desde que se instaló en el Congreso, la congresista evangélica Milagros Aguayo, de Renovación Popular, se reúne con pastores evangélicos y organizaciones cristianas y católicas que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El 13 de octubre coordinó la elaboración del proyecto de ley “que reconoce derechos al concebido” con el pastor evangélico Juan Cabezas Palomino; Albert Melendez Gallardo del Centro Cristiano El Conquistador; Rodolfo Cotrina Barrantes de la ONG Padres en Acción simpatizante del Opus Dei; y otros representantes de organizaciones ultraconservadoras. Al día siguiente, presentó esta iniciativa legislativa en el Congreso ante 40 personas seguidoras de distintas iglesias.
La congresista, como pastora evangélica, también organiza eventos religiosos a nombre de su iglesia “La Casa del Padre” donde planean cómo perseguir a mujeres que deciden sobre sus cuerpos. El 22 de febrero, organizó una conferencia en el Congreso donde Fabiola Morales Castillo, conservadora exregidora de Lima de Solidaridad Nacional, expuso una “estrategia” para impedir que las mujeres accedan al aborto. Propuso crear un organismo fiscalizador del aborto como acción delictiva y una institución que asegure que las adolescentes sean madres.
Al día siguiente, el miércoles 23 de febrero, la congresista Rosangella Barbarán se reunió con Giuliana Caccia, presidenta de la asociación católica Origen – Vanguardia y Cambio Cultural. Según informó la parlamentaria, conversaron sobre cómo garantizarían jurídicamente el “derecho a la vida”. Un mes después, presentó la iniciativa que atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Derecho a decidir
El médico ginecólogo-obstetra Miguel Gutierrez explicó que las personas gestantes se ven obligadas a abortar porque no reciben educación sexual integral en los colegios ni acceden gratuitamente a métodos anticonceptivos. Así, el Estado no previene embarazos no deseados ni violaciones sexuales que finalmente obligan a las mujeres a abortar en lugares inseguros, donde corren alto riesgo de morir.
“Cuando se habla de aborto, la gente no entiende. La gente cree que lo que se está queriendo es cambiar los métodos anticonceptivos por la estrategia de abortar, como si a la mujer le gustase abortar. La gente no está muy preparada y ¿por qué no está preparada? Porque falta la base, una educación sexual mucho más amplia donde se discutan estos temas”, señaló.
Precisamente, las congresistas Aguayo y Barbarán votaron a favor del proyecto de ley 904 que restringe la enseñanza de educación sexual integral en los colegios. Así, dejan desamparadas a más niñas y adolescentes porque les prohíben acceder a información que prevendría embarazos no deseados y violaciones sexuales.
Ahora, con ambos proyectos de ley, también pretenden prohibir que niñas y mujeres víctimas de violación sexual accedan al aborto terapéutico, lo que las obligaría a ser madres aunque esto les cause males físicos y psicológicos, o la muerte.
Fuente: Wayka
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