El Juzgado Penal Colegiado de Puno condenó a seis años de prisión efectiva al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, durante la protesta denominada el ‘Aymarazo’, ocurrida en el 2011.
Asimismo, el citado juzgado dispuso que Aduviri deberá pagar S/2 millones de reparación civil en favor del Estado. También ordenó su inmediata captura y reclusión en un penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).
El fiscal Juan Monzó Mamani de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, había solicitado siete años de cárcel para Aduviri Calisaya y el pago de S/ 5 millones por reparación civil en favor del Estado.
Historia del conflicto
El 29 de noviembre del 2007, el gobierno del ex presidente Alan García promulgó el Decreto Supremo 083-2007, que exceptuó a la empresa canadiense Bear Creek de la prohibición constitucional de que los extranjeros puedan realizar actividades directa o indirectamente dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera.
En abril del 2011, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, encabezado por Walter Aduviri, inició protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense. Tras intentos fallidos de consensos, la protesta se radicalizó.
El 26 de mayo, Puno fue tomado y sitiado por población aymara, y se produjo el saqueo e incendio de locales públicos de Sunat, Aduanas, contraloría, gobernación y de empresas privadas.
Además, fueron bloqueadas las dos principales carreteras que unen a la región Puno con la frontera a Bolivia, impidiéndose la libre circulación de vehículos y perjudicando el turismo. Se estima que durante los 45 días de protesta Puno perdió US$117 millones.
Fuente: El Comercio
