Condenan a cuatro años de prisión suspendida a congresista Moisés Gonzáles

Este jueves 7 de enero, el Poder Judicial ordenó 4 años de prisión suspendida contra el congresista Moisés González Cruz, acusado por el delito de colusión simple, por hechos cometido en su gestión como alcalde de la Municipalidad Distrital de Querocotillo, en la región Cajamarca, entre el 2011-2014.

Condena

El caso fue resuelto en adelanto de fallo por el Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo del juez Carlos Larios Manay.

La sentencia contra el legislador cajamarquino es por un período de prueba de tres años. Además, se le impuso cuatro años de inhabilitación para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

Asimismo, el parlamentario deberá realizar el pago de 30.000 soles por concepto de reparación civil, según información a la que accedió La República.

Hechos

En juicio oral desarrollado de manera virtual, el fiscal anticorrupción Javier Idrogo Rodríguez acusó al exalcalde Moisés Gonzáles de haber intervenido directamente en el proceso de selección de las obras “Construcción de la trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal – Tayme Ñule” y “Mejoramiento del tramo Santa Rosa – Patipampa”.

Dicta intervención, según el Ministerio Público, se produjo mediante la resolución de Alcaldía n.° 017-2013, que designó a los integrantes del Comité Especial Permanente de Consultoría y Ejecución de Obras de la comuna de Querocotillo, para realizar los procesos de adjudicación directa y menor cuantía del año 2013.

La Fiscalía imputó a Gonzáles Cruz participar en la aprobación del expediente de contratación para la ejecución de la obra mencionada y haber aprobado las bases administrativas del proceso de selección.

Dicha convocatoria y proceso del proyecto valorizado en S/ 713.200 se realizó utilizando un expediente técnico de una obra distinta. Además, se estableció el importe sin emplear presupuestos ni cotizaciones actualizadas de personas dedicadas al rubro de construcción.

La Fiscalía precisó que las bases administrativas exigían requisitos demasiados específicos y no acordes con la naturaleza de la obra: participación de un gerente de Obras, exigencia de una carrera técnica inexistente, un técnico en construcción y topografía, entre otros.

Fuente: La República

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