Este jueves 27 de julio, los comuneros de Catacaos darán su testimonio a la Comisión Especial enviada por el Papa Francisco, que investigará el despojo de tierras ancestrales y la criminalización que sufren los comuneros por empresas vinculadas al Sodalicio.
Santos Maza Juárez, presidente del sector de Cruz Blanca – lugar donde ocurrió el despojo de tierras por parte de distintas empresas vinculadas al movimiento sodálite–, informó que una comisión de seis dirigentes comuneros llegó a Lima para dicha reunión.
En el encuentro con la comisión enviada por el papa, también participarán los abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes tienen a cargo la defensa de los comuneros afectados.
El despojo de tierras
Como se recuerda, en el 2011, un grupo de personas llegó a la comunidad San Juan Bautista de Catacaos para cercar una parte de territorio, señalando que 10 mil hectáreas le pertenecían a la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios – E.C.S.A. Pampa Loma Vega, por un acuerdo firmado en asamblea por 100 comuneros en 1998.
Los comuneros desconocieron tal acuerdo y declararon en varias oportunidades que se trataría de firmas falsas.
Desde el 2011, aún cuando los comuneros de Cruz Blanca se negaron a reconocer el acta, los terrenos fueron vendidos por Pampa Loma Vega a distintas empresas.
En 2004, dividió las 10 mil ha de terrenos: 1 895.40 ha fueron vendidas a la empresa San Gerardo, 2 mil ha a Agroindustrias Marvel S.A.C., 2 735.85 ha a la Constructora Keheda S.A.C., 1 416.944 ha a la Inmobiliaria Geótica S.A. y 500.216 ha a Hernán Constructora.
Los terrenos de San Gerardo pasaron luego a Carlos Herrera Simón y Yulizza Olivos Benitez, quienes vendieron a la Asociación Civil San Juan Bautista, fundada por el sodálite y arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi.
Mientras tanto, los terrenos de Keheda pasaron a las empresas Fegurri, a la Constructora Miraflores Perú S.A.C., relacionada con la Asociación Civil San Juan Bautista, y a Inversiones Santa Regina S.A.C.
Los comuneros también declararon que, durante esos años, cientos de hombres armados se acercaban a los terrenos con la excusa de vigilar la supuesta propiedad privada de las empresas compradoras. Los comuneros y sus familias tenían que correr, algunos huían a zonas alejadas, mientras otros oponían resistencia para defender sus tierras.
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