Comisión Lava Jato confirma que expresidentes regionales conocían irregularidades en Alto Piura

Comisión Lava Jato revela que el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck Guzmán,  viajó a Brasil en marzo del 2012 cuando era presidente del directorio del proyecto Alto Piura y en los momentos en que la obra presentaba problemas estando a cargo de la empresa brasileña Camargo Correa.

Estas y otras revelaciones, que también alcanzan a los expresidentes regionales, César Trelles Lara y Javier Atkins Lerggios, se detallan en el informe de junio de 2016 de la comisión investigadora encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha.

En el caso de Reynaldo Hilbck Guzmán, actual gobernador regional de Piura, se le cuestiona por registrar un viaje a Brasil entre el 25 al 31 de marzo de 2012, fecha que coincide con el desarrollo de los problemas en el avance de obra del proyecto. Además de por pagar a Camargo Correa los 10 adicionales de obra cuando él era presidente del directorio del Alto Piura.

Recordemos que Hilbck asumió ese cargo entre el 31 de enero del 2011 y el 12 de julio del 2013, durante la gestión del ex presidente Javier Atkins. El monto autorizado de adicionales pagados alcanzarían más de 183 millones de soles de los casi 480 que costaba el proyecto, esto representó el 38.26% del valor de las obras, lo cual no está permitido por ley.

Sin embargo, y al ser interrogado por la comisión, Hilbck Guzmán dijo que durante la vigencia del consejo directivo, del cual formó parte, no aprobó ningún adicional de obra ni deductivos vinculados. Asimismo, detalló que la aprobación de adicionales es potestad exclusiva, según la normativa de contratación estatal, del presidente regional, en ese entonces Javier Atkins Lerggio, y se emite previos procedimientos administrativos internos, con los debidos sustentos técnicos y legales, en los cuales no participa el Consejo Directivo.

Sin embargo, la comisión establece que se podría señalar responsabilidad administrativa funcional contra Hilbck Guzmán al haber omitido su responsabilidad conforme al cargo que ocupaba. Esto, por haber incumplido lo señalado en el Artículo 7°, 9° y 11° del Manual de Operaciones del Proyecto.

Y es que según el artículo 7: “El consejo directivo del PEIHAP es el máximo órgano de gobierno, encargado de establecer los lineamientos de política, planes tácticos y planes estratégicos de la Institución. Asimismo, supervisa la marcha institucional, y la administración general”. Por ello, se cuestiona que Hilbck Guzmán permitiera las autorizaciones de adicionales de obra a pesar de que los avances físicos eran insuficientes. Y en sus respuestas a la comisión señala que él realizaba en “algunas oportunidades” visitas físicas a la obra.

Otro de los puntos que llamó la atención a la comisión investigadora es que durante la gestión de Javier Atkins como presidente regional, el 09 de Diciembre de 2014 el Alto Piura suscribe un nuevo contrato de Supervisión del mismo Componente I del proyecto con el denominado Consorcio Supervisor Hidráulico integrado por MOTLIMA Consultores – Acruta & Tapia Ingenieros SAC y PEYCO por 35 millones de soles.

Lo alarmante, y de acuerdo a lo señalado en el informe especial N° 025 de abril del 2012, en el año 2008 Motlima es el responsable de elaborar el expediente técnico del Alto Piura para el componente del túnel trasvase y presa tronera sur, entregándolo con serias deficiencias.

Ante ello, la comisión le pregunta a Hilbck como pudo permitir eso, a lo cual responde que “el contrato para la supervisión de la obra fue licitado y firmado por la gestión anterior y no hay causal para que rescinda el contrato, pero hacer lo contrario causaría una contingencia de perjuicio económico para el estado por vulnerar un derecho contractual valido del responsable de la supervisión”.

Entre las principales irregularidades que indica la comisión es que “es evidente el beneficio directo obtenido por la empresa concesionaria Camargo Correa, cuyos ejecutivos y funcionarios del Gobierno Regional de Piura y del PEIHAP modificaron el Contrato, afectando de ese modo el adecuado proceso de ejecución de la obra y ocasionado por ende, pérdidas al erario nacional al haberse visto esta favorecida con el pago de casi 260 millones de soles.

Todo este monto por un avance físico del proyecto de 29.11% en obras físicas, pero sin impacto alguno sobre el objetivo principal del proyecto.

EXPRESIDENTES

La comisión investigadora cuestiona además que en su condición de presidente regional, durante el período 2006 -2010, César Trelles Lara, pagó casi 980 soles a Motlima Consultores para que corrigiera el expediente técnico, pero nunca lo hizo a pesar de conocer que el documento venía del año 1988.

Asimismo se discute que durante la gestión de Trelles Lara se acordó con la empresa Camargo Correa, modificar varias cláusulas, todo ello posterior a las recomendaciones dadas por UNOPS, favoreciendo con ello al contratista en desmedro de los recursos del Estado.

“Hecho que el mismo César Trelles respalda al señalar que ese tipo de cláusulas son propias de la responsabilidad contractual que siempre constan y obran en este tipo de contrataciones”, se lee en el informe.

En el caso del expresidente Javier Atkins Lerggios, reconoce que cuando asume funciones en enero del 2011, el equipo técnico del gobierno regional realiza una evaluación del contrato, encontrando varias cláusulas de las bases de la licitación que no fueron representadas en el documento contractual.

“Por lo que se podría afirmar que el mencionado, con conocimiento de las irregularidades cometidas en el proceso de contratación, permitió operar a Camargo Correa, pagándole adicionales de obra por 49 Km de vías de acceso, electrificación de alta tensión, cinco mil metros cuadrados de campamento para trabajadores y una perforación de 192 metros de los 13 Km de longitud que comprende el túnel trasandino. Lo que equivaldría a un 37.87% de avance financiero de la obra por lo que se pagó 240 millones de soles que equivalen al 50% del monto total del contrato”, se narra en el informe.

Asimismo, tras evaluar las declaraciones de Javier Atkins, la comisión advierte que conforme al informe Especial 021-2012, se menciona que Camargo Correa, concordó con los funcionarios para que la elaboración de planos, fuera un adicional de obra cuando según la ley de contrataciones del Estado no lo era.

“Esto nos hace suponer que Camargo Correa conocía las ineficiencias e inexactitudes existentes en el contrato, aprovechando esto para hacer que el gobierno regional pueda pagar en un primer momento un adicional de obra por 32 millones de soles, y posteriormente, una vez anulado este adicional por la nueva gestión regional, continuar ejecutando la obra, con un expediente técnico deficiente que le permitiría generar adicionales de obra a su favor, en detrimento del Estado”, se comenta en el informe.

EL CABLE: ALAN Y LULA

Entre los diferentes hallazgos de esta comisión, aparece el del 26 de noviembre de. 2009. Un cable de la Embajada de Brasil señala que los ejecutivos José Alves Pereira Neto, gerente general de Camargo Correa y el director de Andrade Gutiérrez acudieron a la embajada de Brasil para hablar con el entonces embajador de ese país, Jorge Taunay sobre el proceso de licitación del Proyecto Alto Piura.

Ambos directivos decían que la empresa china (China International Water & Electric Corporation) actuaba deslealmente. Es en ese cable que el mencionado embajador recomendaba al Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, incluir el tema en la reunión que sostendría el presidente Luis Ignacio Lula Da Silva con el entonces mandatario peruano Alan García el 11 de diciembre de 2009, donde se remarcaría la experiencia exitosa de estas empresas brasileñas.

Coincidentemente, el 25 de diciembre del 2009, la UNOPS descalifica a la empresa China International Water & Electric Corporation por presuntamente no cumplir las especificaciones técnicas requeridas además de presentar información falsa, recomendando además no contratar al Consorcio Alto Piura, conformado en un primer momento por las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez por exceder su propuesta en un 33% el valor inicial presupuestado para la obra.

Ante estos hechos, la UNOPS recomendó adecuar las bases de la licitación para flexibilizar los requisitos de presentación y evaluación para una siguiente convocatoria.

El 15 de enero de 2010, se procedió a realizar otra convocatoria para un nuevo proceso de licitación. Y es así que en mayo de ese mismo año se firma el contrato para la primera fase del componente del proyecto Alto Piura con la empresa brasileña Camargo Correa, contrato que fue respaldado por el expresidente Alan García, quien estampó su firma en dicho contrato.

Lo preocupante viene después, ya que en diciembre del 2010, se descubre que el proyecto no contaba con un adecuado expediente técnico. Los funcionarios responsables, como es el caso del ingeniero Miguel Arellano Cruz, manifestó que si existía un expediente pero no con los detalles constructivos ya que no podían hacer perforaciones de todo el cerro para determinar el tipo de roca que lo componía.

“Es decir, no había un expediente técnico definitivo y aun así se suscribió contrato. Hecho avalado por el Informe N° 025-2012-2-5349-SAGU”, se detalla en el documento de la comisión investigadora.

Es por ello que, dentro de las irregularidades hallados en el contrato, la comisión explica que UNOPS, encargada de llevar a cabo la licitación Internacional, recomienda entregar la buena pro a Camargo Correa la misma que suscribe posteriormente el Contrato por 479 millones de soles.

Sin embargo, se ha podido comprobar que este monto, durante el ejercicio de labores de la referida constructora se incrementó a más de 499 millones gracias a una serie de adendas y adicionales de obra aprobados por la gestión del expresidente Javier Atkins.

De este monto, el reporte de pagos proporcionado por el gobierno regional, detalla que al contratista se le habría pagado el importe de casi 260 millones de soles, lo que equivale al 52.04 % de ejecución financiera y con una ejecución física de apenas 29.11%.

Estas conclusiones, advertencias y recomendaciones de la comisión presidida por el congresista Juan Pari, se desprenden luego de investigar el tema y citar a los implicados. El informe consta de 650 páginas en donde 81 de ellas se destinan al Alto Piura, el resto atiende diversos proyectos con distintas irregularidades como el gasoducto del Sur, proyecto Olmos, carretera interoceánica Norte y Sur.