El equipo técnico de la Instancia Provincial de Concertación presentó a los operadores contra la violencia el Protocolo concertado de articulación sectorial con enfoque comunitario territorial. El protocolo está normado por la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y busca que las instituciones del estado articulen esfuerzos según el sector al que pertenecen, teniendo en cuenta sus respectivas responsabilidades.
En la exposición, participaron el secretario técnico de La Instancia de Concertación Provincial el Mg. José María Cruz Villegas y la especialista en temas de Género de Cutivalú, Carmen Campos Mendoza.
Sobre el protocolo, Campos Mendoza destacó que su finalidad es establecer la Hoja de ruta, roles y los procedimientos de los actores del Estado y de los representantes de la Sociedad Civil frente a un caso de violencia. Según señaló, el objetivo es establecer mecanismos de articulación sectorial comunitaria y territorial para garantizar el acceso oportuno y adecuado de los servicios de la Ley a las víctimas de violencia.
¿A quién busca proteger el protocolo?
Todas las acciones que incluye el protocolo de articulación sectorial tienen como población objetivo a las mujeres durante todo su ciclo de vida —niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor— y a los miembros del grupo familiar —cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad—.
¿Quiénes implementan el protocolo?
Algunas instituciones del Estado son responsables de la implementación del presente Protocolo Concertado de Articulación Sectorial y Territorial con Enfoque Comunitario. Entre ellas se cuentan, a nivel comunitario, las comisarías sectoriales de la PNP, Juzgados de Paz, Establecimientos de Salud, Municipalidades Delegadas, Tenencias Gobernaciones e instituciones educativas.
A nivel distrital y provincial, las instituciones responsables son la PNP, Juzgados de Paz, Establecimientos de Salud u hospitales, municipalidades provinciales o distritales, subprefecturas, REL Educativa y/o UGEL, Programa Nacional Aurora – CEM, Defensa Pública, Centros de Salud Mental Comunitarios y RENIEC.
La jornada estuvo dirigida a integrantes del Centro Emergencia Mujer, Centro de Salud de Chulucanas, Policía Nacional y sociedad civil.
