La jueza Sabina Espinoza Santos del Quinto Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima, detalló las medidas adoptadas por el Poder Judicial para enfrentar el flagelo del secuestro, marcando un hito en la lucha contra este delito que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La magistrada explicó que el delito de secuestro, definido como la privación de libertad sin justificación, se aborda con determinación y seriedad. Enfatizó que en casos que involucren a menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, los perpetradores podrían enfrentar penas que van desde 20 años hasta cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias agravantes presentes en el acto ilícito.
“El delito de secuestro se configura cuando una persona (sujeto activo) priva de libertad sin derecho, motivo, causa o justificación a la víctima (sujeto pasivo), impidiéndole movilizarse al lugar que desea hacerlo, desplegándose su accionar de forma dolosa, circunstancia que permite restringir la libertad personal de la víctima, bien jurídico protegido por el tipo penal en mención”, indicó.
La jueza Espinoza subrayó que el secuestro se configura de manera intencional y dolosa, según el artículo 152° del Código Penal. Además, en situaciones de concurso real de delitos, donde se añaden agravantes, la pena total podría superar los 30 años, llegando a la cadena perpetua si la víctima fallece durante el secuestro.
Conclusión anticipada- Cadena perpetua
Un aspecto fundamental de esta estrategia es la ausencia de beneficios penitenciarios para los perpetradores de secuestro. La jueza recalcó que este delito, considerado uno de los más graves, causa daños irreversibles a las víctimas y sus familias. Aunque existe la opción de concluir anticipadamente el proceso, los culpables recibirán una pena, con reducciones basadas en las circunstancias debidamente acreditadas.
En este contexto, el Poder Judicial busca no solo castigar a los culpables, sino también prevenir futuros casos de secuestro. La cadena perpetua emerge como una herramienta clave en esta lucha, reafirmando el compromiso del sistema judicial en salvaguardar la libertad y seguridad de la sociedad, especialmente de aquellos más vulnerables ante este crimen atroz.
“Ello va a implicar que se haga una determinación e individualización de la pena de acuerdo al hecho ilícito materia de la investigación, analizando las circunstancias agravantes y atenuantes del caso, refiriéndonos solo al ilícito de secuestro previsto en el primer párrafo y de presentarse las agravantes previstas en su segundo párrafo, estaríamos ante un acto de no solo quitar la libertad personal y sustraer sus bienes, sino que vulnera y atenta físicamente contra ellas produciéndole hasta la muerte”, añadió.
