Directa. Fuerte y claro se pronunció Mariela Gallo, coordinadora regional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), respecto a la actual postura que han asumido los alcaldes distritales, provinciales, y la autoridad regional, quienes vienen esperando que las acciones sean asumidas y ejecutadas por el nivel central.
Para la responsable del CENEPRED Piura, los alcaldes deben tomar una posición más activa, porque “también representan al Estado”. Asimismo señaló que una de las tantas acciones que las autoridades locales pueden realizar es la preparación y la tarea comunitaria, para educar en prevención a la población, sin necesidad de esperar la transferencia de altos presupuestos desde el nivel central.
“A veces escuchamos decir a los alcaldes ‘el estado’. El Estado también es él [cada alcalde y gobernador]. La municipalidad también es el Estado. Él [la autoridad] tiene la responsabilidad de generar mecanismos de preparación para que la población sepa cómo actuar en una situación de lluvias. [Las autoridades] No pueden estar, pasivamente, esperando que todas las soluciones les venga del nivel central. Esa tarea la saben en la ley hace más de 12 años. El presupuesto que ellos [los municipios] tienen, es suficiente”, expuso Mariella Gallo.
La titular de CENEPRED Piura dijo que el presupuesto de los municipios debe estar dirigido a realizar obras de mitigación, y no utilizar recursos en proyectos que no protejan a la población contra el Fenómeno El Niño.
En otro momento, Gallo Meléndez también recalcó que el proceso de reconstrucción debe ser tomado en serio, para poder generar una toma de decisiones acertadas en cuanto a preparación.
“Tenemos que tomar en serio el proceso de reconstrucción. Mientras no se haga esto, con las medidas que sí se necesitan de reducción [de desastres] y de prevención, vamos a seguir en lo mismo, periódicamente”, aclaró Mariela Gallo.
Asimismo, la funcionaria manifestó que los ciudadanos deben cumplir una función vigilante y fiscalizadora, para cautelar que las obras que se realizan en bien de la población, sean realmente con eficiencia y sin pérdida de los recursos públicos (dinero asignado).
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