El fiscal Yony Soto Jiménez, que investiga a los policías responsables de las muertes de los ciudadanos Inti Sotelo Camargo y Jack Pintado Sánchez durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino de Lama, fue suboficial técnico de la PNP y también está a cargo del caso ‘Olimpo’ que investiga a 85 presuntos miembros de la agrupación Partido Comunista – Sendero Luminoso (PC – SL).
Desde la segunda semana de noviembre, luego de una semana de protestas masivas que dejaron 2 víctimas mortales y cientos de heridos, el fiscal Yony Efraín Soto Jiménez, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, abrió una investigación por los presuntos delitos de homicidio en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. En ese entonces, recabó material audiovisual de los hechos, recogió las historias clínicas de los heridos y declaraciones de los testigos y familiares de los afectados.
El caso, sin embargo, parece no dar señales de avances. La periodista del periódico español El País, Jacqueline Fowks, informó en su cuenta de Twitter que “hace tres semanas el fiscal Soto a cargo de investigación de homicidios de Inti Sotelo y Bryan Pintado y lesiones de ciudadanos no programa toma de declaración de testigos”. Fuentes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indican que “algunos testigos ya han declarado ante la Fiscalía, pero la lista pendiente aún es larga”.
El fiscal Soto Jiménez solicitó el plan operativo de la Unidad de Servicios Especiales (USE) que estuvo a cargo del “control de disturbios” del 10 al 15 de noviembre, con el fin de identificar a los policías responsables del presunto delito de homicidio. El pasado de este fiscal, sin embargo, lo pone en la mira de cuestionamientos: fue suboficial técnico de la PNP.
De acuerdo a un documento difundido por Fowks, el fiscal Yony Soto Jiménez figura en la planilla mensual de pensiones de la PNP de abril de 2012. Dos meses después de esa fecha, el 13 de junio de 2012, Yony Soto es nombrado fiscal en la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, por orden del exfiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales.
A la par, el fiscal Yony Soto también tiene a su cargo una investigación contra 85 presuntos integrantes de la organización Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PC – SL), conocida como el operativo “Olimpo”. Como se recuerda, Soto pidió al Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado 18 meses de prisión preventiva para los 85 investigados, de los cuales 77 habían sido detenidos.
En ese contexto, un informe del relator especial de la ONU, Martin Scheinin, a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, advirtió su preocupación sobre la legislación penal del Estado peruano sobre terrorismo, a partir de numerosas denuncias de casos en donde se estaría criminalizando la protesta social en el país. “Insta al Gobierno de Perú (…) que luche contra la estigmatización de los derechos y sus defensores debida a que en las declaraciones políticas y en las declaraciones de los medios de información pública se las relaciona con el terrorismo”, recomendó en su informe Scheinin.
Fuente: Wayka
Piura: este año, 93 hombres sentenciados por maltratar a mujeres, y 15, por violar a menores
