La Instancia Regional de Concertación de Piura realizó la II Jornada de capacitación a Instancias de Concertación, donde expuso a las instancias provinciales, distritales y comunitarias el protocolo de base de actuación conjunta en casos de violencia. El encuentro se llevó a cabo en el marco de la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
El objetivo de la jornada es capacitar a los integrantes de las instancias para que cumplan con prevenir, atender y sancionar los casos que se presenten en sus respectivas jurisdicciones. Cabe recordar que las instancias de concertación son espacios conformados por municipios, PNP, redes de mujeres, centros de salud, organizaciones vecinales, entre otras instituciones y organizaciones que buscan disminuir los índices de violencia, a través del trabajo conjunto.
Participaron como ponentes el Lic. Carlos Arcaya Mogollón, coordinador de la Unidad Territorial Piura del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Obst. Pablo Zacarías García, coordinador de Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva de la Diresa Piura. Como moderadores, participaron la Lic. Ortelia Valladolid Bran, coordinadora de Proyectos de Cutivalú y especialista en temas de Género, y el Lic. José Luis Requena Pareces, coordinador de la Instancia Regional de Concertación de Piura.
Según explicó el Lic. Arcaya Mogollón, a diferencia de la normativa precedente que se enfocaba sobre todo la prevención de la violencia familiar, la Ley 30364 abarca tanto la prevención como la atención y sanción en los casos de violencia. En este sentido, detalló que en torno a esta ley, se crea un sistema de articulación presidido por el Ministerio de la Mujer, que a su vez, trabaja con el Ministerio Público, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio Público, Poder Judicial, y la Policía Nacional, además del trabajo articulado con las instancias de concertación a nivel regional, provincial y comunitario.
El obstetra Zacarías García, por su parte, explicó que de acuerdo al protocolo de atención, los centros de salud deben brindar kits de emergencia y atender de manera gratuita los casos de violencia. Según detalló, los especialistas de salud deben brindar un kit para evitar embarazos no deseados o el contagio con ETS en casos de violaciones. Asimismo, destacó que el kit ofrecido varía de acuerdo al momento de la denuncia en relación con la fecha de la agresión.
Conclusiones de las instancias de concertación
De acuerdo a lo expuesto por los especialistas, el protocolo de base de actuación conjunta plantea que la actuación debe ser articulada y con pleno conocimiento de la ley, reglamento y protocolos. Este protocolo debe promover el acceso efectivo y oportuno de salud y justicia, así como garantizar una atención de calidad y celeridad.
La atención debe ser diferenciada a poblaciones vulnerables en los servicios públicos, más no discriminatoria, pues el protocolo incluye a mujeres, niños, niñas, adolescentes, integrantes del grupo familiar en general de cualquier nacionalidad.
Con aportes de los más de 80 participantes, integrantes de las instancias comunitarias, distritales y provinciales, también se llegó a la conclusión de que, para hacer efectiva la denuncia la PNP, debe haber una coordinación rápida con el Ministerio Público o Poder Judicial. Asimismo, se debe tener en claro que la atención legal debe ser brindada por Defensa Pública del ministerio de justicia y los centros emergencia mujer. Además, si bien existe una casa refugio administrada por el MIMP, los integrantes de las instancias reconocieron que hacen falta más de estos espacios.
Respecto a los servicios de salud, se concluyó que estos son gratuitos y tienen responsabilidad de atender y acompañar los casos de violencia. El kit de emergencia para victimas de violencia sexual, además, debería estar disponible en todos los establecimientos de salud y ser entregado de manera oportuna y con acompañamiento especializado de profesionales.
Propuestas de mejora
Esta jornada también tuvo un espacio para que los integrantes de instancias comunitarias y distritales propongan mejoras en la atención de los casos de violencia. Así, se resaltó la importancia de capacitar a personal profesional de servicios locales, debido a la falta de médicos legistas en centros poblados y zonas rurales alejadas.
Se señaló el deficiente cumplimiento de medidas de protección y la atención de las denuncias por parte de la PNP, por lo que es necesario comunicar a las autoridades policiales esta situación y generar compromisos de mejora. Asimismo, se indicó que es necesario actualizar la jurisdicción judicial, policial y de salud, para efectivizar la atención de los casos de violencia.
Para mejorar los procedimientos de atención, también se destacó la importancia de capacitar en cuanto a la Ley 30364 a las organizaciones, autoridades comunitarias, personal de salud, operadores jurídicos y sociales. Además, los participantes destacaron que se debe acreditar a las DEMUNA para atender casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que solo existe una Unidad de Protección Especial (UPE) en la provincia de Piura.
Finalmente, el coordinador de la IRC Piura, José Luis Requena, destacó que hay total disposición de la instancia para brindar acompañamiento y asistencia técnica a las instancias locales. Por ello, ya se han programado nuevas asesorías para integrantes de instancias y también para operadores de la ley.
