Por: Wilmer Fernández, director de Cutivalú
La percepción generalizada sostiene que la inseguridad ciudadana solo puede revertirse mediante estrategias de seguridad bien planificadas, con metas claras y la participación activa de la ciudadanía, las instituciones del Estado y la sociedad civil. Sin embargo, la proliferación de medidas erráticas evidencia la incapacidad del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República para abordar eficazmente los problemas del país.
Entre estas medidas se encuentran la declaración de estados de emergencia sin estrategias ni objetivos definidos, la promoción de leyes que tipifican como terrorismo urbano los delitos comunes, o la propuesta de instaurar la pena de muerte para criminales comunes. También resultan cuestionables iniciativas como reemplazar por libertad condicional las condenas menores de cuatro años, o incentivar el uso de la fuerza letal para la defensa personal, lo que fomenta la venta de armas. Un ejemplo reciente es la promulgación de la Ley 32330 (mayo de 2025), que permite juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos por delitos graves como homicidio, violación sexual o secuestro.
Esta última medida merece un análisis más profundo. En primer lugar, juzgar a adolescentes como si fueran adultos/as contradice los principios internacionales de justicia juvenil, como los establecidos por el Comité de los Derechos del Niño/a. En la mayoría de los países democráticos, los menores de edad no son penalizados como adultos/as, sino protegidos frente a la violencia. Un o una adolescente que termina en una organización criminal es, en gran medida, resultado de la desprotección estatal y social.
En segundo lugar, pretender resolver la inseguridad ciudadana, aunque sea parte de la solución, con una ley para penalizar a los menores de edad, significa que las y los congresistas y el gobierno están realmente pensando que son las y los adolescentes los responsables de la inseguridad ciudadana. Responsabilizar a las y los adolescentes de la inseguridad ciudadana es una visión distorsionada de la realidad. Según datos del Ministerio Público de 2023, las y los menores de 18 años representaron solo el 1.5% de la criminalidad total en el Perú, mientras que las y los adultos constituyeron el 98.5%. Es decir, de cada cien delincuentes, 98 o 99 son adultos o adultas. En países desarrollados, las y los menores cumplen únicamente medidas socioeducativas en centros juveniles.
En tercer lugar, existe una creencia errónea entre algunos padres y madres de familia de que la «mano dura» —entendida como castigos físicos o violencia intrafamiliar— es la solución para educar a los hijos o hijas. Esto es falso. La violencia, en cualquiera de sus formas (física, verbal, psicológica, racista, machista o clasista…), solo genera más violencia. Puede imponer obediencia por miedo, pero no fomenta el respeto por convicción. Una niña o niño criado bajo el miedo se convertirá en un adulto que cumple las normas solo bajo la mirada de la autoridad, pero no por un genuino compromiso con los valores sociales. La verdadera solución radica en una crianza basada en el amor, la fraternidad y la libertad, donde el ejemplo y el respeto mutuo sean la base de la formación ciudadana.
En conclusión, no necesitamos leyes punitivas dirigidas a las y los adolescentes para combatir la delincuencia. Lo que se requiere es una planificación integral por parte del Estado, que incluya:
- – Enfoques comunitarios para la seguridad.
- – Mejoras tecnológicas y en los servicios de inteligencia.
- – Acceso a educación y salud de calidad.
- – Oportunidades de empleo digno.
- – Familias que eduquen con amor y erradiquen la violencia de sus hogares.
Solo así podremos construir una sociedad más segura y justa para todos.
