La Sala Suprema Penal Transitoria ratificó la sentencia que absuelve a 53 indígenas awajun – wampis y mestizos por el caso “Curva del Diablo”, al conocerse el voto dirimente de la jueza Susana Ynés Castañeda Otsú a favor de los indígenas.
De esta manera, la Corte Suprema declaró que no se debe anular la sentencia del 22 de setiembre de 2016, donde los procesados quedan absueltos.
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El caso
El 22 de setiembre de 2016, la Sala Penal Transitoria y Liquidadora de Bagua absolvió de los 8 delitos a los 53 acusados indígenas y mestizos por los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009 en la zona denominada «Curva del diablo».
No obstante, La Procuraduría del Ministerio del Interior y la Fiscalía Superior Mixta de Bagua no estuvieron de acuerdo con el resultado e interpusieron un recurso de nulidad para que la Corte Suprema se pronuncie en última instancia.
El año pasado la Corte Suprema resolvió por unanimidad confirmar la absolución, pero solo por 4 delitos: homicidio calificado, lesiones graves, arrebato de armamento de uso oficial agravado y daños agravados.
Pero los magistrados supremos discreparon sobre los delitos de atentado contra el normal desenvolvimiento de los servicios públicos, disturbios, tenencia ilegal de arma de fuego y motín. Hubo tres votos a favor de que se declare nula la sentencia y se lleve a cabo un nuevo juicio oral, y dos votos a favor de que se confirme en todos los extremos la sentencia absolutoria. Por eso se tuvo que convocar a la jueza dirimente.
Según la Ley Orgánica de Poder Judicial, se tuvo que convocar a un juez dirimente. Luego de escuchar a los abogados, la doctora Iris Pacheco Huancas, encargada de hacerlo, votó porque se confirme la absolución, con lo que se produjo un empate técnico, tres votos contra tres.
La Corte Suprema convocó y designó a la magistrada suprema Susana Castañeda Otsú para que ratificara la absolución de los indígenas o se inicie un nuevo juicio oral; decidiendo lo primero.
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Baguazo
El 5 de junio del 2009 tuvo lugar «El Baguazo», uno de los episodios más dolorosos para la historia del Perú contemporáneo.
El conflicto dejó, conforme se estableció en el Primer informe de la Defensoría del Pueblo del 10 de junio del 2009, 33 víctimas (23 policías, 5 civiles indígenas y 5 civiles no indígenas), 200 heridos (82 de ellos por impacto de bala y el resto por diversas lesiones) y la desaparición del Mayor PNP Felipe Bazán. Hechos que sucedieron por la miopía y la indiferencia del gobierno de no solucionar los conflictos socioambientales en forma oportuna y dialogante.
