El alcalde de Ayabaca, Baldomero Marchena, y los regidores oficialistas aprobaron un acuerdo de concejo para impedir que la oposición acceda a la información de una obra pública.
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Todo se inició con una denuncia hecha por los regidores de oposición sobre la creación de una planilla de 265 trabajadores para la limpieza de unos drenes. Sin embargo, estos trabajos nunca se hicieron, por ello entregaron un informe de este cuestionable hecho a la Contraloría de la República.
Los regidores de minoría son Jorge Jiménez Castillo, Edwin Ríos Vásquez, José Pintado Reyes, y Abilio Neyra Yangua.
Esto provocó que el alcalde Baldomero Marchena, con el respaldo de los regidores oficialistas, aprobara el Acuerdo de Concejo Nº 038-2019, del 21 de mayo del 2019, en el que se les impide tener acceso a la información de una obra, antes y durante su ejecución.
“Aprobar la solicitud de los regidores… con la salvedad que la información será entregada cuando termine toda la actividad y existan los informes técnicos de las áreas correspondientes”, se lee en el acuerdo.
Los regidores habían solicitado una copia del expediente técnico de la cancelación de mano de obra por los trabajos de reparación de la calzada y cunetas en los caminos vecinales de Sauce Bajo, en el distrito de Ayabaca.
La solicitud llegó al despacho de Asesoría Jurídica, cuyo titular recomendó someterlo a una sesión de concejo para aceptar o no la solicitud de información de los regidores de oposición. El pedido fue aprobado, pero con la indicación que la información sea entregada después de que la obra sea terminada.
“Esto crea bastante suspicacia (…) cómo vamos a fiscalizar cuando los proyectos ya están terminados, allí será un poco más complejo poder evidenciar las irregularidades”, expresó el regidor ayabaquino Jorge Jiménez Castillo, en declaraciones a Cutivalú.
En la misma línea el regidor Líder Pintado, sostuvo que este acuerdo es “un mal precedente” pues no podrán advertir posibles irregularidades o incumplimientos en la ejecución de las obras que ejecuta la municipalidad.
“Nos dicen que estamos dando información falsa, pero nosotros necesitamos los documentos formales para corroborar lo que están haciendo en el campo con lo que dice los expedientes técnicos y así emitir nuestros informes”, dijo Pintado a Cutivalú.
A su turno el regidor Abilio Neyra Yangua, calificó el acuerdo como “una traba” para cumplir la labor de fiscalización. “Nosotros advertimos que se había hecho pagos de una obra que no se había ejecutado y ahora nos cortan el derecho a fiscalizar”, expresó.
Añadió que esto es un riesgo para cumplir su labor de fiscalización porque para tener información de las obras, ejecutadas mediante el mecanismo de contrata, tendrán que esperar a su término.
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Cutivalú intentó comunicarse con el alcalde de Ayabaca, Baldomero Marchena Tacure, pero no fue posible. Nuestro corresponsal en Ayabaca abordó al primer regidor, Agusto Espejo Delgado, pero este evitó pronunciarse sobre el acuerdo.
Consultado sobre el caso, el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, sostuvo que en este caso se estaría vulnerando la función fiscalizadora que por mandato tienen los regidores, por lo tanto, conviene acudir a las instancias que garanticen el ejercicio de esta función.
El Órgano de Control Interno (OCI) de la misma municipalidad, o a la Gerencia Regional de la Contraloría General de la República en Piura, podrían pronunciarse al respecto.
Una burrada más de nuestro «queridísimo» alcalde, oye anda dar de beber a los burros.