Ayabaca: alistan pronunciamiento sobre denuncias del alcalde Marchena

Texto y fotos: Carlos Chunga

La gestión del alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, tiene más cuestionamientos que logros. Solo desde el 2008, el burgomaestre enfrenta al menos 30 acusaciones de corrupción por su desempeño en la municipalidad; es decir, unas tres al año.

Estas denuncias serán recogidas en una sólida documentación que ya viene alistando la Asociación de Fiscalización, Información pública y Gestión de Ayabaca (AFIGA), un colectivo civil conformado en julio del 2010 y que integra a unos 50 ayabaquinos.

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Humberto Marchena ejerce el poder político en la provincia desde hace 27 años: 15 como alcalde distrital de Lagunas y 12 como alcalde de Ayabaca. Todo un récord en la política regional. En este tiempo, ha acumulado acusaciones de peculado, negociación incompatible, colusión, nepotismo, malversación de fondos, falsedad ideológica y omisión de actos funcionales.

“Hay un descontento de la población por los malos manejos en la municipalidad”, dice a Cutivalú el secretario general de la AFIGA, José Carlos Culquicóndor Cango, conocido como ‘Zorro’. “La AFIGA es como un frente de defensa, que busca tener una representación jurídica para poder fiscalizar las obras”, agrega.

Tras recopilar los principales casos de presuntas irregularidades en la gestión de Marchena, la AFIGA emprendió el compromiso de difundir esta información, pese a hallar escasa respuesta de la opinión pública regional.

Una de las denuncias más saltantes data del 2013 y versa sobre la contratación de 13 servicios para compra de materiales a la profesora Maximina Granadino Cunya, quien es concuñada del alcalde. Ella fue favorecida por la Municipalidad de Ayabaca entre el 2011 y el 2013, e inhabilitada definitivamente para contratar con el Estado debido a que presentó documentos falsos e inexactos.

Según la Fiscalía, que pide 12 años de cárcel para el alcalde por los delitos de negociación incompatible y colusión, los contratos habrían sido orquestados con la proveedora. La audiencia por este caso debió desarrollarse en junio de este año y, sin embargo, ha sido postergado, por tercera vez, para diciembre, porque las partes no fueron notificadas adecuadamente.

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El abogado Aníbal Albañil, quien viene asesorando legalmente a la AFIGA, opina que este caso se viene dilatando gracias al hábil desempeño de la defensa del alcalde, a cargo de Alberto Borea Odría, un conocido político y abogado. “Bajo mi punto de vista, hay una presión jurídica de la defensa de Marchena, un estudio de bastante renombre que conoce de estos casos y que ha conseguido que se reprograme la audiencia y quiere que la gente se canse”, dice Albañil.

“No sé cuál será el compromiso que tenga el juzgado, que no quiere acelerar las cosas”, señala José Carlos Culquicóndor, quien considera que hay asidero suficiente para dudar de las decisiones de la justicia, pues en el historial del alcalde ha sido recurrente el archivamiento de denuncias.

Es el caso de la investigación sobre el presupuesto de la emergencia del 2008, que asciende a 1 millón 228 mil soles; o la indagación sobre la obra de agua potable en el sector Chinchinal, por 117 mil 757 soles; o el inexistente proyecto de semaforización de la ciudad, por 1 millón 600 mil soles; o la obra de pavimentación no ejecutada en la calle Calvario, por 298 mil 700 soles.

“Hemos hecho denuncias, pero vemos que no caminan, no hay solución”, dice por su parte Marcial Huamán Córdova, subsecretario de la AFIGA. “Esa situación nos indigna como ayabaquinos”, agrega don Marcial, con un golpe de mesa.

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La indignación llegó, en octubre del 2014, a manifestarse en las calles. Luego de conocer los resultados electorales, que tuvieron como resultado la reelección del alcalde Marchena, los ayabaquinos salieron a protestar. Vehículos incendiados, varios heridos y algunos detenidos fue el resultado del enfrentamiento entre la policía y los manifestantes que protestaron aquel 21 de octubre.

A fines de ese mes, la AFIGA le alcanzó a la Contraloría un legajo de 29 expedientes con información sobre las presuntas irregularidades cometidas en la municipalidad. La finalidad era determinar el grado de responsabilidad administrativa, civil y penal del alcalde y sus funcionarios.

Al año siguiente, en enero del 2015 la asociación envió similar documentación a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana. El memorial con 22 denuncias solicitaba se realice una exhaustiva investigación.

No hubo la respuesta que esperaban. Y la AFIGA quiso que su trabajo no caiga en saco roto. Así que en mayo del 2015 convocaron a una nueva marcha que llegó, esta vez en medio de miradas de extrañeza, hasta el centro de la ciudad de Piura. Los manifestantes asistieron a la sesión descentralizada de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que se reunió en la Municipalidad de Piura.

Si bien el presidente de dicha comisión, el entonces congresista Yehude Simon, se comprometió a viajar a Ayabaca a evaluar la problemática, los ayabaquinos lo esperaron en vano.

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Para Teodoro Páucar Gallego, uno de los tres regidores que en la práctica ejercen la oposición en la Municipalidad de Ayabaca, es un secreto a voces que hay familiares y personas cercanas al alcalde tomando decisiones claves en la municipalidad e incluso interviniendo en las obras públicas.

En su intento por resumir las cuatro graves denuncias que recientemente se han sumado al historial de Humberto Marchena, el regidor Páucar se explaya, pues los casos son complejos. Dos de ellos tienen que ver con la construcción de colegios, uno con el mejoramiento del servicio de agua y saneamiento, y el otro con la reparación de un pull de maquinaria pesada.

La edificación del colegio Divino Maestro, en el centro poblado Pingola, a cargo de la empresa Constructora y Servicios Generales Sanmarr, viene costando más de 6 millones de soles. El problema aquí es que el domicilio fiscal de la empresa (calle Máncora 162, asentamiento Nueve de Octubre, Sullana) coincide con el domicilio de Baldomero Marchena, hijo del alcalde.

“Eso hace presumir que la empresa tiene cierta relación o vínculo con la familia Marchena, y para nosotros hay indicio suficiente y razonable para denunciar”, sostiene el regidor Páucar.

La construcción del colegio San Antonio del sector Huiriquingue, en la comunidad campesina de Mostazas, es otra obra que genera dudas. Con una inversión de S/ 182.193, la infraestructura del colegio en poco tiempo ya presenta fisuras, deficiencias y carencias, según consta en la denuncia a la Fiscalía.

“Tanto el alcalde como el gerente municipal, de forma arbitraria y unilateral, ordenaron la demolición de la infraestructura antigua sin tener la documentación aprobada”, señala Páucar Gallego.

En cuanto a la obra de agua y alcantarillado en los sectores El Frutal y San Sebastián, la presunción es que, al igual que con el colegio de Pingola, se ejecuta la obra a través de una empresa vinculada al alcalde. Asimismo, hay la sospecha de que hubo falsificación en la firma del contrato.

Por otro lado, respecto a la maquinaria, la municipalidad destinó 47 mil soles en solo cuatro meses para reparar una camioneta, y 136 mil soles en apenas ocho meses para el mantenimiento de un tractor. El problema aquí fuera menor si no hubiera ya un fondo para esas tareas; y más aun, si es que estos vehículos estuvieran realmente operativos y no estancados.

“Hábilmente se ha creado un rubro ‘Pull de maquinaria pesada’ para desviar fondos; además, desde que nosotros (los regidores) asumimos la gestión, el tractor nunca ha estado en operatividad, siempre permaneció guardado”, cuenta Páucar.

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Al otro lado del teléfono, su colega Florencio Calva Calle se muestra indignado y dice a Cutivalú que “todo está amañado”, que “cada vez todo está peor” y que Ayabaca “es tierra de nadie”. “Esas cosas no deben seguir sucediendo”, agrega.

El regidor Calva critica la supuesta injerencia que tienen los hijos de Humberto Marchena en la gestión municipal. Por un lado, Cristino, quien es su mano derecha y trabaja como su seguridad personal; y por otro, Baldomero, quien pretende sucederlo en el cargo de alcalde.

Extraña situación de los Marchena: se les teme pero poco se les ve. Las visitas del alcalde a la municipalidad provincial suelen ser escasas, pues viaja con frecuencia a los distritos y caseríos más alejados, donde tiene un fuerte contingente electoral, debido a sus actividades proselitistas y asistencialistas.

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Recientemente va con frecuencia a Lagunas, donde quiere volver a tomar las riendas del distrito. Allí, a inicios de noviembre, entregó una obra de enmallado del campo deportivo en una ceremonia pública. El trabajo costó S/ 210.427 y duró 40 días.

Cutivalú lo buscó y lo llamó, pero el alcalde parece inubicable. Mientras el sillón municipal luce vacío, al lado uno de sus colaboradores se anima a hablar por él. “Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, dice Edwin Páucar Troncos, secretario general de la Municipalidad de Ayabaca.

El funcionario dice creer en la inocencia del alcalde, “al igual que el resto de trabajadores aquí”, y niega que sus familiares estén detrás de las decisiones que se toman en el municipio. Admite que Cristino Marchena es pieza clave y, antes de mencionar que “cada uno responde por sus acciones”, afirma que desconoce los detalles de las denuncias.

“Yo veo en la gente un fastidio, ellos no se sienten representados y esperan un cambio”, dice, a modo de reflexión, el abogado Aníbal Albañil. “El pueblo de Ayabaca confía en las autoridades que están llevando estos casos, pero al mismo tiempo se sienten impotentes al ver que ya van pasando tres años y no hay resultados concretos”, manifiesta por su parte el regidor Teodoro Páucar.

Según lo previsto, el pronunciamiento que alista la AFIGA recabará 500 firmas y deberá ser enviado en diciembre. Los destinatarios, entre otros, son: Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Defensoría del Pueblo, Comisión de Justicia del Congreso y hasta la mismísima Presidencia de la República.

Este será un nuevo intento por visibilizar la problemática de Ayabaca y por que las demandas de la provincia sean realmente atendidas. Por el momento la población no tiene previsto tomar nuevamente las calles, pero señalan que las advertencias están hechas.