Autoridades de Piura tienen la ley a su favor para desocupar los terrenos del grifo Pecsa y la cochera del Open Plaza que provocaron el estrangulamiento del río Piura, a la altura del puente Cáceres.
Así coincidieron en señalar el ministro de Agricultura, José Hernández Calderón, y el director de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Abelardo De La Torre Villanueva, en entrevista con Cutivalú.
El ministro Hernández señaló que la invasión de terrenos en las franjas marginales ha ocurrido en distintos lugares del país, y los únicos responsables son los gobiernos locales, ya que por ley, la zona marginal de alto riesgo no mitigables no pueden ocuparse.
Recordemos que especialistas del Colegio de Ingenieros y Universidades han advertido que parte del desborde del río Piura se debe al estrangulamiento del cauce del río a la altura del puente Cáceres debido a la construcción del grifo Pecsa y una cochera por parte del centro comercial Open Plaza, que nunca debieron permitirse.
Por ello, el titular de Agricultura aseguró que el tema se está investigando, pues las autorizaciones de construcción no las da la ANA sino las municipalidades, ya que la ANA solo entrega el permiso de uso de la franja.
Por su parte el director de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Abelardo Amador De La Torre Villanueva, fue más directo y dijo que la ley de intangibilidad de la franja marginal existe desde hace muchos años por lo que en ningún momento debió darse permiso de construcción dentro de los terrenos que actualmente ocupan un grifo, una cochera y hasta un local de venta de autos.
“Es una zona no mitigable, no hay forma de protegerlo, deben ser trasladados y eso es competencia de las autoridades locales”, manifestó.
Asimismo, recordó que la nueva Ley de reconstrucción da las facultades a las autoridades locales y regionales para que impidan la ocupación de terrenos intangibles o proceder a desocupar estos espacios.
“Nosotros tenemos los hitos definidos en todos los ríos y especialmente en ese [río Piura]. La ley dice que las zonas marginales son zonas de riesgo no mitigables y que el único responsable de que estas no sean invadidas son los gobiernos municipales”, expresó De la Torre.
Añade que en caso no haya intervención del gobierno local, la ley [de la reconstrucción] ampara al Gobierno regional a proceder a una posible recuperación de espacios ocupados ilegalmente. “Son las autoridades locales a las que les corresponde proceder”, sentenció el director de la ANA.
Esperamos se cumpla, no se quede solo entrevista