El especialista en derecho administrativo de la Universidad de Piura, Guillermo Chang Chuyes aclaró que, si bien el incremento del sueldo de los acaldes y las dietas de los regidores está amparado por la Ley 28212, este no es obligatorio por lo que las autoridades pudieron quedarse con los montos que venían de la anterior gestión.
“Pudieron no haberse aumentado, porque no es obligatorio. Aquí depende del concepto del derecho administrativo conocido como discrecionalidad que le da un margen de libertad al funcionario público para tomar decisiones en beneficio del interés general de la población. Por ello es legal tanto que se aumente [el salario], como que se quede tal cual está”, señaló el docente universitario en entrevista con CUTIVALÚ.
El especialista explicó que el incremento es totalmente legal porque está amparado en el artículo 4 de la ley 28212. Sin embargo, opinó que fuera del punto de vista jurídico es criticable que un alcalde y sus regidores se aumenten el sueldo en la primera semana de gestión.
“Incluso desde el punto de vista moral es contradictorio que el alcalde diga que encuentra en quiebra los municipios y aún así se incrementa el salario”, añadió Chang Chuyes en referencia a lo ocurrido en la municipalidad de Castilla encabezada por el alcalde José Aguilar Silva.
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