En Perú existe un total de 2298 obras públicas que permanecen paralizadas, desde hace seis meses o más, hasta diciembre de 2023. En estos proyectos truncos se invirtieron más de S/ 26 mil 992 millones y se necesitaría más de S/ 13 772 millones para concluirlos.
Así lo reportó el último informe de la Contraloría General de la República, el cual revela, además, que las principales causas de la paralización de las obras son los incumplimientos de contrato (540 obras, 23.5%); así como la falta de recursos financieros y liquidez para seguir ejecutando el proyecto (515 obras, 22.4%).
En menor medida, mencionan las discrepancias, controversias y arbitrajes (109 obras, 4.7%) y los conflictos sociales (101), entre otros motivos, según el registro realizado por las mismas entidades públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) de la Contraloría General.
Los sectores de intervención que acumularon la mayor cantidad de proyectos inconclusos son Transportes y Comunicaciones con 628 obras, donde se han invertido más de S/ 8522 millones; Vivienda, Construcción y Saneamiento donde se registran 529 obras por un monto de S/ 4497 millones; y Agricultura con 281 obras por más de S/ 4042 millones.
En relación a los departamentos que presentan el mayor número de obras paralizadas, se tienen a: Cusco (346), Puno (281), Lima (178), Áncash (144) y Cajamarca (137). En tanto, Tumbes (7), Callao (10), Madre de Dios (19), Ucayali (24) e Ica (5), son los departamentos en donde se registra una menor cantidad de construcciones inconclusas.
¿Cuáles son las principales obras paralizadas?
En Arequipa, el proyecto Majes Siguas II, se encuentra paralizado debido a controversias entre la empresa concesionaria y el Gobierno Regional de Arequipa, lo que ha dado lugar a un proceso de arbitraje. La obra está paralizada desde diciembre de 2017. El 12 de julio de 2022 se firmó la adenda N° 13 que incrementó el costo de la obra en US$ 104 millones, pero no se reiniciaron los trabajos. La obra que está valorizada en US$ 655 millones permitirá generar 145 mil empleos y contar con 38 500 hectáreas de riego en la zona agrícola.
La región Moquegua, por su parte, tiene el mejoramiento de la carretera Moquegua – Omate – Arequipa que empezó en agosto del 2017 y se paralizó tres años después, en el 2020, debido a una controversia entre la empresa contratista y Provías Nacional. La inversión inicial en la obra fue de S/ 420 millones, pero el monto actualizado ahora supera los S/ 813 millones. El contrato se resolvió en mayo del 2023, pero la obra aún no se reanuda, perjudicando a cientos de familias que ven frustrada la esperada integración regional.
En Ucayali, la obra “Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa”, que inició el 2016 se encuentra paralizada principalmente a falta de personal y la no adquisición de materiales de construcción, entre otros. El monto de inversión, según contrato, asciende a S/ 343 millones y beneficiaría a más de 477 mil personas, permitiendo atender a un total de 4.6 millones de atenciones (durante los 15 años de vida útil de la obra).
Obras por administración directa
Un aspecto relevante del informe de la Contraloría es que el 55.3% (1270) de obras paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, es decir, cuando las mismas entidades desarrollan el proyecto utilizando sus propios recursos presupuestales, así como su personal (técnico-administrativo), infraestructura, equipos y/o maquinarias.
Los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) prefieren esta modalidad de contratación y concentran el mayor número de obras paralizadas: 1184 (93.2%) del total. Mientras que las entidades a nivel de Gobierno Regional (59, 4.6%) y Nacional (27, 2.1%) no suelen utilizar con frecuencia esta modalidad.
En menor cantidad, existen obras paralizadas que se ejecutan bajo la modalidad de contrata (949), núcleos ejecutores (74), Obras por Impuesto (3) y Asociaciones Público Privadas o concesiones (2).
Nuevas reglas para las obras por administración directa
Con la finalidad de reducir la problemática de las obras paralizadas en el mediano plazo, la Contraloría General elaboró un nuevo marco normativo para regular las obras que se ejecutan por administración directa, el cual será de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades de los tres niveles de gobierno, a partir del primero de abril del 2024.
La nueva regulación tiene como objetivo contribuir a que las obras por administración directa se ejecuten de manera eficiente y transparente, asegurando las mejores condiciones en términos de calidad, costo, oportunidad y bajo un adecuado control de parte de la Contraloría y la ciudadanía.
En ese sentido, se han regulado diversos aspectos de la ejecución de la obra por administración directa, como la preparación e inicio de la ejecución física de las obras, los requisitos para el perfil del personal clave, la obligación de realizar liquidaciones parciales y disposiciones para la aprobación de modificaciones, tanto significativas como no significativas.
Además, establece pautas para el dimensionamiento adecuado del expediente técnico, con el objetivo de evitar los sobrecostos no sustentados que han sido problemas recurrentes que han opacado los resultados en este tipo de obras.
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