“La razón principal de mi demanda y defensa es que quiero la libertad de poder elegir cuándo, cómo y dónde morir”, dijo Ana Estrada al finalizar su intervención en la audiencia donde sustentó la acción de amparo que presentó para que el Estado le reconozca su derecho a una muerte digna.
Ana explicó las dificultades que tiene para realizar cosas simples como hablar, y su travesía desde que le diagnosticaron polimiositis, a los 12 años. Cuando cumplió 20 empezó a usar una silla de ruedas y a requerir asistencia para algunas actividades. Pero el 2015, tras estar internada por meses, la enfermedad alcanzó sus músculos respiratorios y regresó a casa con una traqueotomía.
Pero fue una recaída en el 2016 la que la impulsó a luchar por su derecho a una muerte digna. “Me di cuenta de que esto ya no era vida para mí, que lo había perdido todo”.
Luego descubrió que el artículo 112 del Código Penal criminaliza el homicidio piadoso. Por ello, junto con la Defensoría del Pueblo, busca inaplicar esta figura en su caso.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que su pedido es dejar que Ana decida hasta qué punto su vida ya no es digna de ser vivida. Además, se busca evitar tratos crueles e inhumanos que podría traer la enfermedad que padece.
Gutiérrez consideró que se están vulnerando varios derechos, como el de una muerte digna y la libertad.
Sin embargo, los demandados por Ana: el Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y EsSalud exigieron que el pedido de la joven sea declarado infundado porque “primero debería haber una ley dictada en el Congreso”. El procurador de EsSalud dijo, incluso, que no existe un protocolo médico para realizar este procedimiento.
Precisamente, Ronald Gamarra, defensor de derechos humanos, explicó que “no puede haber protocolos, reglamentos o directivas porque hay una norma que lo impide”. No obstante, frente a la decisión de un juez se tendría que respetar la decisión de Ana y proceder con lo que pide la Defensoría del Pueblo.
El derecho existe
Al finalizar su intervención, Gutiérrez señaló que el “famoso concepto de ausencia de prueba no es prueba de ausencia”. Es decir, el hecho de que no exista una norma no debe hacer pensar que el derecho no existe. ’‘El derecho está ahí y está encarnado en una persona, que es Ana Estrada’’.
Gamarra concuerda con esta afirmación. Y precisa que los “derechos son derechos, no porque los reconozca una ley, sino porque son inminentes a la dignidad del ser humano”. Así recordó el derecho a la verdad y al agua, que fueron reconocidos tarde a falta de una norma.
¿Qué viene ahora?
Jorge Ramírez Niño de Guzmán, juez constitucional que deberá tomar la decisión, explicó que debido a la trascendencia del caso y a la alta carga procesal, su respuesta demorará; pero que se estaría sentenciando dentro de un “plazo razonable”.
Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la DP, dijo esperar que el juez tenga en cuenta que el tiempo es un factor que juega en contra de Ana y que de inmediato entregarán alegatos complementarios que aclaren aún más el panorama.
También manifestó que los “argumentos esgrimidos por las partes demandadas resultan insuficientes”.
Además, aclaró que la Defensoría no pide que el juez dicte protocolos, sino que ordene al Minsa hacerlo. También sostuvo que no sería la primera vez en la que un juez da una orden sobre un hecho concreto.
Finalmente, indicó que “los derechos a veces son reconocidos por los jueces antes de que sean ley”, y que ello ha ocurrido antes en nuestro país.
Por ello, agotarán todas las vías necesarias para garantizar el derecho de Ana Estrada a una muerte digna.
Fuente: La República
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