El expresidente Alejandro Toledo se ha opuesto el último 15 de octubre a la petición de las autoridades norteamericanas que buscaban su retorno a prisión de manera provisional hasta que se defina su extradición al Perú.
De acuerdo a documentación a la que tuvo acceso La República, su abogado Graham Archer pidió al juez federal Thomas Hixson que Toledo se mantenga con arresto domiciliario por diversos factores. Entre ellos, su estado de salud físico que fue citado como “en declive”.
“En julio sufrió una caída traumática y sufrió una compleja fractura del hombro derecho, que requirió una cirugía mayor y la sustitución de la articulación por una prótesis de titanio. Sigue necesitando un régimen cuidadosamente supervisado de tratamiento del dolor y fisioterapia para recuperar la función de su extremidad superior derecha”, sostuvo Archer.
Acorde a su terapeuta, señala el abogado, “el regreso a la prisión preventiva sería ‘extremadamente perjudicial’ y crearía un mayor riesgo de que su salud mental se deteriorara”.
En este sentido se precisó también que la esposa de Toledo, Eliane Karp, padece de “artrosis degenerativa de cadera” por lo que necesitará pronto una operación. “Durante el periodo de recuperación tras la operación, dependerá de la ayuda del Dr. Toledo para realizar las actividades básicas de la vida diaria”, precisó el abogado.
La estrategia de defensa del acusado expresidente apunta también a los casos de COVID-19 en los centros de detención locales de EE.UU.: “En la cárcel de Santa Rita, sólo el 25% de los reclusos y el 53,6% del personal están totalmente vacunados. En las cárceles del condado de San Mateo (Maguire y Maple Street), hay actualmente 4 casos de COVID-19 (3 reclusos y 1 miembro del personal); ha habido un total de 148 casos positivos entre los reclusos y el personal de Salud Correccional”.
Riesgo persiste
Si bien Graham Archer sostuvo en su escrito al juez Hixson que Toledo ya se suministró la vacuna, alegó que ello “no cambia el hecho de que el Dr. Toledo es un hombre de 76 años de edad en mal estado de salud que sigue corriendo un gran riesgo de morir a causa del COVID-19 si se le devuelve la custodia”.
Asimismo, arguyó que no es necesario el retorno de Alejandro Toledo a una cárcel local en California ya que, desde marzo de 2020, cuando se le impuso el arresto domiciliario, no ha intentado salir del país, motivo por el que el pedido de la fiscal Rebecca Haciski para que el expresidente Alejandro Toledo vuelva a prisión debe ser denegado. Las limitaciones que tiene su patrocinado son suficientes, señala.
“Como este Tribunal concluyó correctamente cuando puso en libertad al Dr. Toledo, cualquier riesgo puede ser abordado mediante una combinación de condiciones estrictas de libertad. El Dr. Toledo no ha intentado huir durante el año y medio que lleva en libertad, ni ha hecho nada que sugiera que vaya a huir ahora. Por todas estas razones, la moción del gobierno debe ser denegada”.
“No huirá”
Los argumentos finales de Toledo son que el dinero y las propiedades que depositaron sus amigos para lograr su fianza y liberación son una garantía de que el exmandatario no huirá de los Estados Unidos.
“El único cambio real es que ahora es evidente para todos que el Dr. Toledo no tiene millones de dólares en sobornos escondidos”, añadió el letrado Graham Archer.
Alejandro Toledo está acusado por el fiscal José Domingo Pérez a 20 años y medio de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos. Según la investigación, Toledo recibió alrededor de US$34.3 millones de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
Este 21 de octubre el juez Richard Concepción Carhuancho, cabe precisar, iniciará su control de acusación, es decir, la etapa previa al juicio oral contra Toledo y otros empresarios involucrados. Asimismo, la justicia norteamericana tiene hasta este viernes 22 de octubre para presentar sus descargos ante el juez Thomas Hixson. Luego de ello, se decidirá si Toledo regresará o no a prisión.
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