El Gobierno busca elevar los años de determinados delitos que ocurran en el estado de emergencia, eliminar la etapa de la investigación preliminar y enviar a juicio a los ciudadanos sin el debido proceso, a solo una semana de la denominada Toma de Lima.
Como se recuerda, la multitudinaria manifestación ya ha convocado a miles de personas que exigen la destitución de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales.
Hasta el momento, el Congreso de la República está a la espera del debate y de las opiniones de diversas entidades sobre un proyecto de ley del Ejecutivo.
En comunicación con La República, especialistas insistieron en el peligro del proyecto de ley del Ejecutivo, no solo porque limita el derecho a la protesta pacífica, sino porque vulnera las garantías procesales.
“No es proporcional el número de años de sanción que se le impone a quien sale y protesta, frente a los años que tiene un violador; segundo, tampoco es razonable que se le limite su derecho a la defensa. El violador de niñas tiene toda una garantía, procesos largos, frente a quien sale a ejercer un derecho a protestar, eso sí tiene un proceso sumarísimo; por eso digo que no es proporcional ni razonable el proyecto que está planteando el Ejecutivo”, advirtió Marianella Ledesma, exmagistrada del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, el historiador José Ragas, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirmó que este proyecto de ley rompe completamente con el Estado de derecho y vulnera la posibilidad de que cualquier ciudadana o ciudadano pueda defenderse frente al Estado en una situación de protesta.
“Esta es la parte legal de una serie de estrategias que ha venido desarrollando el Ejecutivo desde que asumió el poder en diciembre para tratar de amedrentar a la población civil y tratar de criminalizar las protestas”, alertó Ragas.
La abogada especialista en derechos humanos, Lucía Santos, afirmó que el Perú está viendo un despliegue arbitrario del brazo legal del Gobierno para tratar de recrudecer la criminalización de la protesta. También señaló que la investigación intermedia que se busca suprimir permite presentar las suficientes pruebas para hacerles frente a los cargos imputados.
