El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtió que los centros juveniles del país presentan un hacinamiento del 150 %. Tras una supervisión, advirtió también que hay serias deficiencias en las infraestructuras.
Por ello pidió al Poder Judicial declarar en emergencia a estos centros, por albergar a jóvenes privados de libertad vulnerando sus derechos.
Una de las deficiencias detectadas es que los menores de edad comparten espacios con los mayores de 18 años, que representan el 45 % del total de internos. La actual situación compromete también la seguridad ciudadana.
Las supervisiones realizadas permitieron detectar también la falta de personal, que trae como consecuencia un inadecuado tratamiento y falta de las garantías mínimas de seguridad interna y externa.
La Defensoría del Pueblo pedirá al Ministerio de Justicia cumplir con reglamentar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y culminar la transferencia del Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
Al Ministerio de la Mujer, en su calidad de ente rector de la niñez y adolescencia del país, exhortó a emprender acciones efectivas en favor de los adolescentes privados de libertad, en coordinación con los otros entes estatales involucrados en la materia.
