El congresista por Piura, Franco Salinas de Acción Popular, presentó el proyecto de ley para promover las medidas excepcionales dirigidas únicamente a las micro y pequeñas Empresas (Mypes); que debido a la declaratoria del Estado de emergencia nacional han sufrido pérdidas de capital de trabajo y de mercado.
La iniciativa legislativa busca promover el financiamiento y liquidez,;y mantener e impulsar el desarrollo productivo del país.
“El gobierno está impulsando el programa Reactiva Perú, que ayuda solo a las medianas y grandes empresas. Son dos millones de Mypes que no pueden beneficiarse debido a los requisitos que piden. Por ello, el proyecto de ley busca conservar los puestos de trabajos de estas empresas que mueven la economía del país”, explicó Franco Salinas, impulsor del proyecto de ley.
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Dentro de los objetivos que tiene esta normativa legal está la obligación de pago por parte del Estado a los proveedores MYPES, incluyendo los intereses legales generados por la falta de pago, ello un plazo máximo de 10 días de promulgada la ley.
Generar el incremento de las compras por parte del Estado hasta en un 60% a favor de las MYPES. Las instituciones del Estado deberán programar contrataciones para ser atendidas por las MYPES, brindando preferencia a las MYPES regionales y locales del lugar en donde se realicen las compras y/o se ejecuten las obras estatales. El período de vigencia será durante y hasta 12 meses después de finalizado el Estado de Emergencia Nacional y de forma excepcional.
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La suspensión del cobro de obligaciones de las MYPES con el sistema financiero de forma excepcional durante y hasta 3 meses después de finalizado el Estado de emergencia. Esto no afectará la calificación crediticia de buen pagador.
También la suspensión del corte de servicios públicos básicos por falta de pago. La deuda no será condonada, y deberá ser cancelada al término del tercer mes de finalizado el Estado de Emergencia.
Finalmente, las Mypes deberán postergar sus pagos a los impuestos municipales y suspender el cobro de derechos, tasas por trámites en las instituciones públicas y la suspensión de los sistemas de pagos adelantados de IGV.
