Dionisia Calderón expresó su indignación luego de conocer el archivo de la denuncia por las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. La mujer, quien afirma haber sido sometida a este procedimiento sin su consentimiento, lleva años buscando justicia por lo ocurrido.
“Yo me enteré a las 8 de la mañana. La noticia fue un balde de agua helada. Hace tantos años luchando, ¿y para esto?”, manifestó Calderón, al referirse al impacto que tuvo en ella la decisión judicial.
Durante la década de 1990, cerca de 300.000 personas, en su mayoría mujeres de las zonas más pobres del país, fueron sometidas a esterilizaciones forzadas, según las cifras consignadas en el reporte.
Para sustentar el archivo del caso, la Fiscalía invocó una ley aprobada en 2024 que restringe la persecución penal de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
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Por su parte, Maribel Meza, otra de las mujeres afectadas, cuestionó la decisión y recordó los temores que tenía ante la llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia.
“Ya sabíamos que, si llegaba al poder, todo este caso iba a desaparecer o a perderse”, declaró. En este contexto, las víctimas consideran que el archivo representa un retroceso en su búsqueda de justicia.
El caso también está relacionado con la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, según la información proporcionada, en marzo de 2026 declaró responsable al Estado peruano por las esterilizaciones forzadas y ordenó abrir investigaciones.
La decisión judicial de archivo vuelve a poner en discusión el acceso a la justicia de las víctimas de estos procedimientos.
