El Grupo de Economía, Política y Social emitió un informe para dar a conocer que el proyecto de facultades legislativas que solicitó el Ejecutivo comprende 66 pedidos agrupados en ocho materias muy amplias. Por ello, los especialistas sostienen que esa amplitud no cumple con la exigencia constitucional de especificidad. Analistas recomiendan rechazar la delegación si el Ejecutivo no precisa qué leyes, artículos e instituciones pretende modificar.
Los especialistas del Grupo Economía, Política y Social (GEPS) recomendó a la Cámara de Diputados rechazar el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo en los términos actuales. Según el primer informe elaborado por el Grupo de trabajo, existen riesgos institucionales por la amplitud de las atribuciones solicitadas.
El documento analiza el proyecto presentado el pasado 28 de agosto por el Ejecutivo. El pedido comprende 66 solicitudes agrupadas en ocho grandes materias y, según el grupo, varias de ellas contienen habilitaciones demasiado abiertas que permitirían modificar diversos regímenes jurídicos.
El GEPS sostiene que la delegación legislativa es una excepción constitucional y no puede convertirse en una transferencia general de la función de legislar. Asimismo, detalla que el artículo 104 de la Constitución exige que la materia debe ser específica, que exista un plazo determinado y que se justifique la habilitación. También, cuestiona que el Ejecutivo haya calificado su solicitud como “muy urgente” sin sustentar adecuadamente esa condición.
El GEPS advierte que una delegación demasiado amplia podría convertirse en una transferencia general de la función legislativa. También analiza los modelos de Colombia, Chile y Argentina para mostrar que la legislación delegada suele estar acompañada de límites materiales, temporales y procedimentales.
El informe, sin embargo, no plantea rechazar automáticamente cada medida propuesta por el Ejecutivo. En varios subtemas recomienda discutir reformas específicas mediante leyes ordinarias y, en algunos casos, admite delegaciones puntuales si se establecen límites, controles y objetivos concretos. Por ejemplo, considera posible delegar determinadas medidas de transformación digital, ayuda humanitaria mediante INDECI, bonos habitacionales, responsabilidad de funcionarios de EPS e ITSE, pero bajo condiciones específicas.
Materia penal
El informe cuestiona que se pretenda modificar integralmente los códigos Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal. En seguridad ciudadana, analiza inteligencia criminal, organizaciones criminales, intervención de las Fuerzas Armadas, armas, geolocalización y bloqueo de comunicaciones. Para los especialistas, la eventual delegación debería concentrarse en inteligencia criminal, persecución del crimen organizado, extorsión, sicariato y secuestro, comunicaciones ilícitas y control de armas, explosivos y financiamiento criminal.
El GEPS cuestiona, además, la amplitud de las reformas penitenciarias, el eventual apoyo operativo de las Fuerzas Armadas en las cárceles y la propuesta de libertad vigilada posterior al cumplimiento de condenas. En migración, el GEPS advierte riesgos relacionados con expulsiones sumarias, detenciones administrativas y restricciones de derechos.
Micro y pequeñas empresas
El segundo bloque aborda el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, con propuestas sobre formalización voluntaria y factoring, ecosistema de emprendimiento, innovación y CITE, y modernización del régimen societario y las Sociedades por Acciones Cerradas Simplificadas (SACS). El GEPS considera que estas reformas deben precisar sus mecanismos de financiamiento, control y prevención de fraude, sobreendeudamiento, lavado de activos y empresas de fachada.
Materia laboral
Respecto al ámbito laboral y promoción del empleo, el GEPS recomienda rechazar estas delegaciones y plantea que los cambios sean discutidos mediante una reforma laboral integral desde el Congreso. Esta sección incluye promoción del empleo juvenil, nuevo enfoque de la inspección laboral, bonos por productividad sin carácter remunerativo, despido de trabajadores de dirección y confianza, nuevo régimen laboral general, modificación de feriados y cambios en el empleo público.
Materia administrativa
A ello se suma el bloque de simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital. Las propuestas comprenden procedimientos administrativos, servicios públicos, seguridad digital, barreras burocráticas, regulación, derechos de tramitación e incluso la derogación de la ley que creó el Colegio de Artistas. El informe cuestiona que asuntos tan diversos puedan quedar comprendidos dentro de una autorización legislativa de carácter general.
Materia productiva
El quinto bloque concentra uno de los ámbitos más extensos. Allí tenemos el desarrollo productivo, agricultura, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pescal acuicultura. También están minería, hidrocarburos, electricidad, energías renovables, medio ambiente, recursos naturales y asociaciones público-privadas. El GEPS advierte que la amplitud temática evidencia el riesgo de que la delegación deje de ser excepcional y se convierta, en la práctica, en un mecanismo para legislar sobre políticas públicas de largo alcance.
Materia tributaria
El régimen tributario, aduanero y de facilitación del comercio también se analiza, además de materias vinculadas con propiedad intelectual, trabajo forzoso en las importaciones y obras por impuestos. Por su impacto sobre la recaudación, las obligaciones tributarias y las relaciones comerciales, el informe sostiene que las modificaciones requieren una delimitación normativa mucho más precisa.
Reforma del Estado
En la reforma estructural y modernización del Estado, el grupo considera que podría autorizarse la entrega directa de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días de una emergencia, pero bajo control concurrente de la Contraloría. En cambio, los especialistas guardan distancia sobre una reestructuración excepcional de Sedapal. Este tópico también incluye el servicio civil, meritocracia, integridad, seguridad jurídica de funcionarios, asociaciones público-privadas, presupuesto público, inteligencia y DINI, Sedapal e INDECI.
Vivienda y saneamiento
En cuanto al sector vivienda y saneamiento, el pedido de facultades legislativas incluyen factibilidad de servicios de agua y alcantarillado para nuevos proyectos, régimen registral para vivienda de interés social. También, bonos habitacionales, subsidios cruzados, responsabilidad administrativa de funcionarios de las EPS, acceso universal al agua potable y certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones. El informe distingue entre medidas que podrían ser delegadas con salvaguardas y otras que, por sus efectos, deberían ser discutidas directamente por el Parlamento.
Frente a este extenos pedido de facultades, los especialistas del Grupo de Economía, Política y Social plantean que si el Ejecutivo precisa de manera concreta qué leyes o aspectos normativos pretende modificar, algunas solicitudes podrían evaluarse individualmente. Pero si el proyecto mantiene su actual amplitud, el grupo de trabajo recomenda rechazar la delegación de facultades en su conjunto.
El informe advierte, finalmente, que la delegación legislativa constituye una excepción al ejercicio ordinario de la función parlamentaria y, por tanto, debe estar estrictamente delimitada, justificada y sometida a control. Para el GEPS, una autorización tan amplia podría implicar que la Cámara de Diputados renuncie parcialmente a su función legislativa y transfiera al Ejecutivo decisiones que, por su alcance político, económico, social e institucional, deberían permanecer bajo debate y control parlamentario.
