Han pasado 42 días desde que Keiko Fujimori juró el cargo, y el país se ha topado de bruces con una realidad aplastante: la promesa de «orden» era solo un eslogan de campaña, y no un proyecto de Estado. Lo que muchos peruanos esperaban como un reinicio del sistema, se está revelando como la continuación de la misma tragedia, pero con un rostro diferente. El país no se ha detenido; simplemente sigue cayendo, y el nuevo gobierno parece estar mirando hacia otro lado.
La gran paradoja de estos primeros 42 días no es la falta de resultados, sino la abundancia de poder no utilizado. Como bien se ha señalado, a diferencia de sus predecesores, la presidenta no tiene la excusa de la «persecución política» ni del «obstruccionismo institucional».
Tiene a las Fuerzas Armadas, a los grandes consorcios mediáticos, a un Tribunal Constitucional a su medida y a un Ministerio Público que parece haber olvidado su rol de fiscalizador. Sin embargo, tener todas las llaves del auto no sirve de nada si no se sabe a dónde conducir, o si el verdadero destino es proteger los intereses de los mismos de siempre.
Esta inacción no es fruto de la debilidad, sino de la ausencia de un plan. El silencio técnico es ensordecedor.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, la retórica de la «mano dura» se ha estrellado contra la realidad del sicariato y la extorsión. Seis muertos por día no son solo estadísticas; son la prueba de que el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza en amplios territorios. No se necesita ser un genio de la estrategia para entender que la seguridad no se resuelve con fotos en comisarías, sino con inteligencia financiera para desarticular las redes de crimen organizado que asfixian a la pequeña y mediana empresa. Aquí, el gobierno brilla por su ausencia.
A esto se suma la economía de la sobrevivencia. El costo de la vida se ha disparado, y la respuesta oficial es una inflación que castiga a los de siempre. No hay un plan de reactivación para el emprendedor, ni un alivio para la clase media que se empobrece cada mes. La economía familiar está en cuidados intensivos, y el gobierno se limita a administrar la decadencia.
Y como si el desastre humano no fuera suficiente, la naturaleza anuncia su propia sentencia. El Fenómeno del Niño no es un evento sorpresa; es un ciclo climático predecible. Que el país lo enfrente «sin planes» y «llorando sobre mojado» es la máxima expresión de la improvisación que ha caracterizado a la última década. Tratar una amenaza climática conocida como si fuera un acto de Dios, y no como una responsabilidad de gestión de riesgos, demuestra que la clase política sigue pensando en el corto plazo, mientras las ciudades se preparan para colapsar.
El mayor peligro de este gobierno no es que sea débil, sino que, al tener el respaldo de casi todo el aparato institucional, podría utilizarlo para consolidar un status quo extractivo y autoritario, disfrazado de «gobernabilidad». Por eso, el rol de la Cámara de Diputados es crucial. La oposición no debe ser un obstáculo por el gusto de obstruir, sino el último dique de contención democrático. Si el Ejecutivo pide facultades legislativas para blindar a los grandes consorcios o para desregular a espaldas de la ciudadanía, la cámara debe actuar como un muro.
Perú no necesita una «Dina Boluarte 2.0» con más poder institucional; necesita un gobierno que entienda que la legitimidad no se gana en las urnas cada cinco años, sino en la capacidad de resolver los problemas diarios de la gente.
Si en los próximos meses no hay un giro drástico hacia la acción concreta, estos 42 días de inercia no serán recordados como el inicio de un gobierno, sino como la confirmación de que, en el Perú, cambiar de nombre en el palacio de gobierno no sirve de nada si no se cambia el fondo de las cosas. Cinco años de esta continuidad serían, simplemente, la sentencia definitiva para un país que ya no tiene tiempo que perder.
Por: Wilmer Fernández Ramírez
