Los maestros jubilados y cesantes del Perú intensifican sus demandas y anunciaron una protesta nacional, con el objetivo de lograr la ejecución de la ley de pensión digna. Esto, tras el vencimiento de los plazos legales para su reglamentación.
Raúl Gutiérrez Aures, presidente de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación del Perú, denunció la persistente falta de voluntad política del actual gobierno para formalizar una norma aprobada anteriormente por el Congreso.
Ante la ausencia de un marco reglamentario, los exdocentes mantienen sus movilizaciones en las calles para exigir la aplicación inmediata de sus derechos previsionales. El gremio busca establecer canales directos con el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación, para destrabar el proceso administrativo.
NORMA AL TC
La dirigencia magisterial también rechazó la postura del ministro de Economía, Elmer Cuba, quien propone derivar la ley al Tribunal Constitucional, bajo argumentos de riesgo presupuestario. Ante ello, la asociación sostiene que su propuesta de reglamento evita cualquier conflicto fiscal al plantear una programación de pagos para el siguiente año presupuestario y no para el ejercicio actual.
Asimismo, la organización aclara que su pedido utiliza un monto referencial basado en la escala magisterial y no una nivelación general. Según manifiestan, esto elimina los impedimentos técnicos para su implementación. Esta alternativa técnica intenta prevenir que el gobierno utilice argumentos legales para postergar el cumplimiento de la ley.
PLANTÓN EL 20 DE AGOSTO
Los pensionistas convocan a un plantón nacional para este 20 de agosto en todas las regiones y provincias del país. La medida es para presionar directamente al Ejecutivo.
La estrategia de los maestros jubilados y cesantes contempla también la mediación de la Defensoría del Pueblo y de la Conferencia Episcopal Peruana, para alcanzar una solución al conflicto.
Paralelamente, los representantes gremiales coordinan acciones con legisladores como el senador Jaime Quito y el diputado Henry Albañil para garantizar el respaldo político en el parlamento.
Estas gestiones ante diversas instituciones del Estado buscan forzar la aprobación del reglamento definitivo que dignifique los ingresos del sector. La representación de los cesantes reafirma que los beneficios históricos del magisterio peruano nacen de la movilización social y no de la disposición de los gobernantes.
Gutiérrez subraya que la consolidación de pensiones justas beneficia directamente tanto a los actuales jubilados como a los docentes que permanecen en actividad. Los jubilados aseguran que mantendrán su plan de lucha hasta que el Estado reconozca formalmente el valor de sus años de servicio.
