
El jefe de la Oficina Defensorial de Piura, Walter Galio, alertó sobre el estado crítico de varias casonas del centro histórico de la ciudad y la limitada ejecución de acciones preventivas por parte de los gobiernos locales frente a la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño. Tras una inspección, la entidad advirtió que al menos cuatro inmuebles ubicados en la calle Arequipa se encuentran en condición de alto riesgo, situación que podría poner en peligro a peatones y trabajadores de las obras de pistas y veredas que se ejecutan en la zona.
«Nos preocupa la vida y la integridad de las personas que trabajan en esta empresa que está a cargo de la obra. No queremos que pase un accidente en esta temporada donde se está llevando a cabo estas obras y una persona o personas resulten afectadas», manifestó Galio.
El representante de la Defensoría explicó que, aunque las casonas pertenecen a propietarios privados y cuentan con condición de patrimonio cultural, el deterioro se ha mantenido durante años debido a la falta de una intervención coordinada entre los dueños de los inmuebles, la Dirección Regional de Cultura y la Municipalidad.
Asimismo, advirtió que las vibraciones generadas por maquinaria pesada utilizada en las obras del centro histórico podrían incrementar el riesgo de desprendimientos o colapsos.

En otro momento, Walter Galio cuestionó la respuesta de las municipalidades frente a las recomendaciones de prevención emitidas ante la llegada del periodo lluvioso. Indicó que, de las 73 municipalidades de la región Piura —entre provinciales y distritales— a las que se solicitó información sobre sus planes de contingencia, solo 16 han respondido formalmente. Además, señaló que nueve municipios registran 0 % de ejecución presupuestal en la partida 068, destinada a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
«A estos meses del año 2026 ya no se puede hacer un trabajo de prevención, sino trabajos de acción. Tenemos la gran preocupación respecto a la descolmatación del río Piura», afirmó.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades regionales y municipales a acelerar las acciones pendientes y dejar constancia documentada de los compromisos asumidos para evitar el deslinde de responsabilidades. Galio advirtió que la omisión de funciones será comunicada al Ministerio Público cuando corresponda.
«Si hay entidades que no se van a hacer responsables respecto a las acciones que tienen que efectuar frente a este fenómeno de El Niño, nosotros ponemos de conocimiento de esto al Ministerio Público», señaló. La institución continuará supervisando la capacidad de respuesta de los almacenes del COER e INDECI, así como las condiciones de infraestructura educativa ante la culminación adelantada del año escolar.
















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