El anuncio de adelantar el cierre del año escolar al 27 de noviembre, como medida de prevención frente a las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, debería provocar algo más que preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes. Debería provocar una pregunta incómoda: ¿por qué, una vez más, el Estado parece prepararse para enfrentar la emergencia cuando el riesgo ya está tocando nuestra puerta? Adelantar el fin de clases puede ser una decisión razonable si existe una amenaza concreta para la seguridad de los estudiantes y las comunidades educativas.
Nadie puede poner en riesgo la vida de miles de escolares para cumplir mecánicamente un calendario. Pero tampoco podemos asumir que cerrar las escuelas antes de tiempo es, por sí solo, una política de prevención. La primera consecuencia será educativa. Cada día de clases perdido representa menos tiempo para consolidar aprendizajes, reforzar conocimientos y cerrar adecuadamente el año académico.
El impacto será mayor en los estudiantes de las zonas más vulnerables, aquellos que precisamente enfrentan mayores dificultades para acceder a internet, recibir clases remotas o recuperar las horas perdidas. La pandemia ya nos enseñó que la interrupción de la educación no afecta a todos por igual. Pero existe una consecuencia todavía más grave: podríamos estar normalizando la idea de que, cada vez que llega El Niño, la solución consiste en cerrar colegios, suspender actividades y esperar que pase la emergencia. Esa no es prevención.
Eso es adaptación tardía al desastre. El Perú ya conoce esta historia. El Fenómeno El Niño de 1983, el de 1997-1998 y, más recientemente, el Niño Costero de 2017 dejaron múltiples daños. Inundaciones, puentes destruidos, carreteras interrumpidas, viviendas afectadas y escuelas convertidas en espacios inutilizables fueron algunas de las consecuencias.
En Piura, la experiencia de 2017 debe ser suficiente para entender que las lluvias no son el problema principal. El verdadero problema es la vulnerabilidad acumulada durante años, que va de la mano con la ineficiencia de las autoridades. Hemos aprendido que los ríos no esperan los trámites administrativos. Que los drenajes no se limpian cuando empieza a llover. Que las defensas ribereñas no se construyen cuando el agua ya está subiendo. Que una institución educativa no puede ser preparada para una emergencia cuando el agua ya ingresa a sus aulas. Y, sin embargo, seguimos actuando como si cada fenómeno climático fuera una sorpresa.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué las autoridades nacionales y regionales esperan hasta el último momento para ejecutar las actividades de prevención? La respuesta tiene varias explicaciones: la falta de planificación, los cambios constantes de funcionarios, la escasa coordinación entre niveles de gobierno. Pero hay, incluso, una razón más poderosa pero deprimente: las autoridades de nuestro país tienen una cultura política que los hace presentar e inaugurar una obra con bombos y platillos antes que ejecutarla silenciosamente y con conciencia.
En cristiano significa que todos quieren jalar agua para su molino. Es por eso que el trabajo “a largo plazo” despareció hace mucho. Los celos políticos hacen que las autoridades antepongan el bienestar de toda una población, con tal de aparecer como los “salvadores del mundo”. Prevenir no siempre da réditos políticos. Limpiar un canal, reforzar una ribera, reparar un colegio o retirar material de una zona vulnerable no produce una ceremonia espectacular. Pero puede evitar una tragedia.
El problema está en que muchas autoridades parecen comprender el valor de la prevención únicamente después de la emergencia. El actual escenario climático exige actuar con anticipación. Por ahora, el ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y advierte que el evento podría prolongarse desde diciembre del 2026 hasta abril del 2027, con escenarios que incluyen magnitudes fuertes y moderadas. Frente a esa posibilidad, el Estado debe dejar de administrar el riesgo como si fuera un evento fortuito o una emergencia de última hora.
Adelantar el cierre escolar puede proteger a los estudiantes, sí; pero no debe convertirse en la coartada para ocultar la falta de preparación. Si las clases terminan antes, las autoridades deben garantizar que los aprendizajes sean compensados y, sobre todo, que las instituciones educativas queden preparadas para enfrentar las lluvias. ¿Cuál es la lección que dejaron los anteriores periodos de lluvia por un Fenómeno El Niño? Es simple: el desastre no empieza cuando cae la primera lluvia. Empieza mucho antes, cuando las autoridades saben que existe un riesgo y deciden no actuar.
El Perú no necesita esperar otra inundación para descubrir que sus colegios son vulnerables. No necesita otra carretera destruida para recordar que los ríos tienen memoria. No necesita otra tragedia para entender que la prevención no puede ser una promesa de último minuto. Si el año escolar debe terminar antes para proteger vidas, que así sea. Pero que esta decisión no sea el punto final de la planificación. Esto debe convertirse en una advertencia. No podemos seguir con los ojos cerrados hasta que llegue el desastre.
Por: Oscar Altamirano – Coordinador del área de prensa de Cutivalú
