El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley que modifica las competencias de la jurisdicción militar policial para el procesamiento de presuntos delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones.
La promulgación se produjo luego de que el presidente de la República, José Balcázar, no observara ni promulgara la autógrafa dentro del plazo establecido por la Constitución, por lo que correspondió al titular del Parlamento oficializar la norma.
La ley dispone que, para el personal de las Fuerzas Armadas, se considerará delito de función toda conducta ilícita cometida durante acciones militares destinadas al mantenimiento o restablecimiento del orden interno y en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas, en el marco de un estado de emergencia.
En el caso de la Policía Nacional del Perú (PNP), la norma establece que también serán considerados delitos de función las conductas ilícitas presuntamente cometidas durante el ejercicio de sus funciones de prevención e investigación del delito, control de identidad, inteligencia, fiscalización del tránsito, seguridad, vigilancia de fronteras, peritajes criminalísticos y demás atribuciones previstas en la legislación vigente, cuando se desarrollen en un estado de emergencia.
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Asimismo, el texto señala que no podrán tramitarse de manera simultánea procesos penales en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción militar policial por un mismo hecho contra un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Además, dispone que la Sala Penal de la Corte Suprema deberá dar prioridad a la resolución de los conflictos de competencia a favor de la jurisdicción militar policial cuando corresponda.
La promulgación ha generado cuestionamientos desde diversos sectores. La congresista y senadora electa por Ahora Nación, Ruth Luque, criticó la decisión del Ejecutivo de no observar la autógrafa.
«Todo indica que Balcázar ha decidido agachar la cabeza al fujimorismo y no observar la autógrafa que amplía la justicia militar policial y que distorsiona los delitos de función para dejar impunes delitos de agentes que violan derechos humanos», escribió la legisladora en sus redes sociales.
Luque sostuvo además que la norma es inconstitucional y afirmó que su contenido «nos recuerda la dictadura fujimorista de los noventa».
La promulgación de la ley ha reavivado el debate sobre el alcance de la jurisdicción militar policial y el tratamiento judicial de los presuntos delitos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante estados de emergencia y operaciones de seguridad.
