El megaproyecto de agua potable y alcantarillado que beneficiará a 105 asentamientos de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre enfrenta serios retrasos debido a trabas burocráticas, falta de coordinación entre instituciones y conflictos relacionados con la liberación de terrenos, denunció el dirigente vecinal Wilder Farfán.
Aunque el financiamiento estaría garantizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), el expediente técnico aún no puede concluirse debido a una serie de observaciones pendientes.
Farfán responsabilizó a la Municipalidad Provincial de Piura por incumplir el convenio de cooperación suscrito en 2017, al no remitir desde abril la información sobre las áreas de acceso público en el sector de Medio Piura, documento indispensable para definir el trazo de las redes de agua y alcantarillado.
«No hay forma de que termine el expediente técnico mientras no se tengan los trazos por las zonas autorizadas», afirmó el dirigente, quien además cuestionó la ausencia del alcalde provincial en reuniones técnicas donde se busca destrabar el proyecto.
En el distrito de Castilla, también se denunciaron dificultades para el desarrollo de los estudios de suelos. Según Farfán, la municipalidad solo estaría otorgando permisos con una vigencia de un mes para realizar las calicatas, plazo que considera insuficiente para intervenir las 25 jurisdicciones comprendidas en esa zona del proyecto.
A ello se suma la negativa de la concesionaria para autorizar perforaciones en la carretera Panamericana, necesarias para conectar el sistema de alcantarillado con la planta de tratamiento de Tacalá.
Otro de los principales obstáculos se presenta en el sector de Curumuy, donde un propietario privado exige el pago de S/ 1,5 millones para permitir el paso de las tuberías por su terreno.
Esta situación ha obligado a la empresa encargada del proyecto a evaluar un cambio en el trazo de la obra para evitar mayores retrasos en el sector de Medio Piura.
Asimismo, los dirigentes expresaron su preocupación por la advertencia del Programa Nacional de Saneamiento Urbano de excluir del proyecto a los asentamientos que no cuenten con título de propiedad otorgado por Cofopri.
De concretarse esta medida, inicialmente cuatro asentamientos de Castilla quedarían fuera del proyecto, mientras que otros 12 sectores podrían correr la misma suerte debido a procesos judiciales relacionados con la propiedad de los terrenos.
Los dirigentes advirtieron que la demora resulta aún más preocupante ante la proximidad de un eventual Fenómeno El Niño, ya que miles de familias continúan sin acceso a servicios básicos y permanecen expuestas a inundaciones y al colapso de drenes.
Farfán sostuvo que garantizar el acceso al agua potable también representa una medida clave para mejorar la salud pública.
«El acceso al agua no solo significa infraestructura; también permitirá reducir la anemia infantil y mejorar la calidad de vida de miles de familias», señaló.
Frente a la falta de avances, los representantes vecinales anunciaron una movilización para exigir al Gobierno Nacional, al Congreso y a las autoridades locales que prioricen el destrabe del proyecto.
«Ojalá no esperen a que la población tenga que salir a exigir un derecho como es el servicio de agua», concluyó el dirigente.
