En una conferencia para los medios de comunicación, los integrantes de la Junta Directiva del Colegio Médico de Piura (CMP), ratificaron la necesidad de que el Gobierno Regional transparente la distribución y aplicación de las pruebas rápidas y moleculares enviadas por el Ministerio de Salud (Minsa) desde el inicio de la pandemia.
Según expresó el decano del CMP, Arnaldo Lachira Albán, el gobernador Servando García Correa decidió remover del cargo a la infectóloga Claudia Quezado Osorio, porque ésta descubrió un presunto mal manejo de las pruebas.
“Uno de los motivos por los que la doctora fue retirada del cargo es por lo malos manejos de las pruebas. Por ello nosotros pedimos que el Laboratorio Regional de Salud (Laresa) debe monitorear el uso de las pruebas”, expresó.
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En ese sentido, Lachira señaló que el gremio médico ha solicitado dos reuniones con el gobernador regional, pero hasta ahora no se establece la fecha.
Luego que se realice esta reunión, podrán determinar cómo hacer una auditoría a la distribución y uso de las pruebas. Sin embargo, destacó que el Órgano de Control Interno y la Superintendencia Nacional de Salud Susalud, también podría intervenir.
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Al respecto, el especialista en epidemiología y exintegrante de la Comisión de Expertos en Salud, Edward Mezones Holguín, ratificó la necesidad de hacer esta auditoría porque hay sospechas de que no hay un uso eficiente y racional de las mismos.
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“Hay una organigrama que se debe respetar en la distribución de las pruebas. La Dra. Quezada se ha negado al requerimiento de algunas pruebas. Yo sugiero que se haga una auditoría porque cada prueba tiene una ficha epidemiológica, y eso no se ha hecho”, dijo.
Explicó que podría haber retrasos en el sistema para el registro de las pruebas rápidas, y en el de registro las pruebas moleculares, pero esto no impide ni faculta a nadie a omitir hacer el registro de la ficha epidemiológica.
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NO HAY CLARIDAD
La distribución y uso de las pruebas por parte de los funcionarios de la Diresa está en tela juicio. Primero por la denuncia del Colegio Médico, que advierte un uso ineficiente y poco técnico de las pruebas. Luego por la aparente falta de seriedad de la Diresa, al desdecirse de la denuncia del robo de 75 pruebas de descarte de Covid-19 y ahora señalar que el problema es que la distribución no fue registrada.
El 14 de abril fue la última vez en que la Dirección de Inteligencia Sanitaria de la Diresa reportó, a través de la Sala Situacional covid-19, la cantidad de pruebas rápidas y moleculares que habían aplicado durante el desarrollo de la pandemia. Hasta ese momento se usó 456 pruebas moleculares y 1425 rápidas. Haciendo un total 1881 testeos.
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Médicos del hospital Santa Rosa revelaron a Cutivalú que en este nosocomio aplicaban las pruebas a pacientes sin síntomas, cuando era muy probable que arroje un resultado negativo. Esto permitió que haya un alto registro de fallecidos sin diagnóstico, pese a que era necesario saberlo para hacerle seguimiento a sus familiares y contactos.
El médico epidemiólogo Edward Mezones Holguín, exmiembro del Comité de expertos que asesoraban ad honorem al Gobierno regional, señaló que esta comisión elaboró un informe dando recomendaciones a la Diresa sobre quiénes eran las personas a los que se debía priorizar para aplicarles la prueba. “Ante la ausencia de pruebas hicimos una escala de priorización. Primero eran los hospitalizados, segundo los profesionales de la salud y tercero los pacientes con comorbilidad”, expresó.
Sin embargo, estas sugerencias no fueron atendidas y por el contrario se registró la salida del cargo de la directora de Inteligencia sanitaria Claudia Quezada, con quien el comité de expertos venía trabajando de la mano.
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Hasta la fecha el Ministerio de Salud (Minsa) reporta que hay 118 fallecidos por covid-19 y 1 207 casos confirmados en toda la región Piura.
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