De los 130 parlamentarios de la República, 82 tienen investigaciones fiscales abiertas en proceso en el Ministerio Público. Lo que representa, aproximadamente, al 63% del total de legisladores.
El congresista con más investigaciones es Luis Picón, de Podemos Perú, anteriormente expulsado de Alianza para el Progreso. Picón tiene 107 carpetas fiscales, varias de ellas por tráfico de influencias, presuntos delitos de corrupción, entre otros. De igual forma, según las cifras oficiales dadas por el Ministerio Público, ha sido sentenciado en el distrito fiscal de Huánuco por abuso de autoridad y delitos contra los bienes culturales en el 2017 y 2021. Se espera que durante la semana el congresista haga sus descargos.
Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), actual presidente del Congreso es el segundo de la lista que registra 53 denuncias en la Fiscalía desde el 2001; sin embargo, ha negado públicamente tener investigaciones pendientes a pesar de la información brindada por el Ministerio Público.
El parlamentario Edwin Martínez (Acción Popular) es el tercero en la lista, con 22 carpetas fiscales. De estas, dos son sentencias, una por abuso de autoridad y otra por delitos de peligro común, ambas del 2019. Ante esta información el congresista explicó que la primera ocurrió cuando fue alcalde del distrito de Mariano Melgar (Arequipa) por el nombramiento irregular de un trabajador. Sin embargo, se defendió diciendo que «desconocía de esta contratación».
La segunda sentencia, según indicó, ocurrió por manejar sin permiso de lunas polarizadas y sobre las demás denuncias señaló que todas han sido de parte de sus adversarios políticos.
Asimismo, en la lista sigue Enrique Wong, congresista no agrupado y actualmente suspendido por infringir el Código de Ética Parlamentaria. El parlamentario consigna 17 carpetas fiscales por presuntos delitos como malversación de bienes públicos, abuso de autoridad, falsedad ideológica, entre otros. A su vez el congresista negó tener carpetas en la Fiscalía.
En tanto, José Luna, de Podemos Perú, tiene 11 denuncias en la Fiscalía por presuntos delitos como tráfico de influencias y estafa.
El director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, indicó que tener congresistas investigados en el Ministerio Público es riesgoso a nivel de representación y de ética parlamentaria. Asimismo, puede ser perjudicial para los proyectos de ley que busquen luchar contra la corrupción.
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