El Perú continúa viviendo una crisis de inestabilidad política y las principales causas se encuentran bajo la responsabilidad congresal. El Legislativo se involucra más en instituciones autónomas, y diversas normas aprobadas por el parlamento no hacen más que vulnerar derechos democráticos.
Ante esto, Pilar Arroyo, socióloga y analista política, advierte que nos encontramos en una dictadura congresal que es inconstitucional y se apoya en una coalición anti derechos.
Para la especialista, la institucionalidad se basa en reglas y normas que sostienen la democracia; sin embargo, el Congreso de la República lleva tiempo vulnerando este derecho básico mediante la modificación constante de la constitución.
“Por ejemplo, la constitución dice claramente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto; sin embargo, el Congreso ha dado una norma que aprueba aquello, eso es inconstitucional. Por otro lado, dictó una ley que restringe la posibilidad de que el Ejecutivo use el artículo 134 que permite disolver el congreso con dos cuestiones de confianza; vemos así que con simples leyes acabaron con esos artículos”, señaló Arroyo.
Asimismo, para Arroyo, la toma de instituciones por parte del Legislativo queda en evidencia al romper la autonomía, dispuesta por ley, del Tribunal Constitucional.
“Este Tribunal Constitucional, que en realidad deberíamos llamarlo inconstitucional, le ha dado la razón en varios casos (al congreso). Es increíble que el presidente del Tribunal, Francisco Morales, haya dicho ‘Para que haya disolución, el Congreso es el que debe de tener la voluntad de ser disuelto’, es alarmante que un magistrado con formación jurídica diga eso”, señaló la especialista.
De igual forma, la analista expresó que en el Congreso, en realidad, “no había, derecha, izquierda o centro, sino una alianza pragmática congresal; la cual no tiene proyectos de país, pero sí intereses, que se ven ocultados bajo su discurso ideológico que está de adorno”.
De igual modo, para la especialista, esta dictadura parlamentaria representa una coalición antiderechos, la cual es perjudicial para diferentes sectores que son base para el desarrollo del país.
La especialista indicó que nuestro derecho a una educación de calidad se vio atentado con la destrucción de la Sunedu. Asimismo, en el sector Salud, con la interrupción a la norma que impide la promoción de una educación sexual en los colegios y, finalmente, la coyuntura actual que vulnera el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
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