Por: Wilmer Fernández, director de Cutivalú
El debate sobre el posible retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no es solo un tema legal: es un reflejo de las profundas tensiones políticas y sociales que atraviesa el país. Mientras partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Acción Popular y Avanza País empujan esta idea, la pregunta que resuena es clara: ¿buscan proteger la soberanía o simplemente esquivar responsabilidades? A continuación, un análisis crítico de lo que está en juego, con un ojo en el pasado y otro en el futuro incierto del Perú.
La Corte IDH, creada bajo el Pacto de San José, ha sido un faro para las víctimas de abusos estatales en América Latina. En el Perú, sus fallos en casos como Barrios Altos y La Cantuta han garantizado justicia cuando el sistema nacional falló o no hizo justicia. Pero no todos lo ven así. Desde el fujimorismo de los 90 hasta el Congreso actual, algunos ven a la Corte como una intrusa que limita la “soberanía” o frena políticas de “mano dura” contra la delincuencia. ¿Es esto cierto o solo una excusa?
«Alegan que la Corte tiene un “sesgo progresista”, pero sus fallos han protegido tanto a víctimas de terrorismo como a ciudadanos comunes frente a abusos del Estado»
Los argumentos a favor del retiro suenan fuertes, pero se tambalean al mirarlos de cerca. Hablan de soberanía, pero olvidan que el Perú firmó el Pacto de San José en 1978 por decisión propia, un acto soberano. Alegan que la Corte tiene un “sesgo progresista”, pero sus fallos han protegido tanto a víctimas de terrorismo como a ciudadanos comunes frente a abusos del Estado. Y cuando insisten en que la Corte impide aplicar la pena de muerte, ignoran que esta medida, además de ser éticamente debatible, no ha probado reducir la delincuencia en ningún país.
Lo que sí parece claro es el temor de algunos partidos a rendir cuentas. Las protestas del 2022-2023, con decenas de muertos, y la liberación de Alberto Fujimori en el 2023, desafiando a la Corte, son heridas abiertas que podrían llegar a San José. ¿Es casualidad que Fuerza Popular y Renovación Popular, vinculados a estos casos, lideren la cruzada por salir?
«Proponer el retiro es una jugada electoral: apela al descontento por la inseguridad y al nacionalismo, pero evade el costo real. Retirarse no solo dejaría a las víctimas sin justicia internacional, sino que aislaría al Perú«
El contexto no ayuda. La crisis política, con un Congreso desprestigiado y un gobierno de Dina Boluarte con baja aprobación, ha creado un caldo de cultivo para discursos populistas. Proponer el retiro es una jugada electoral: apela al descontento por la inseguridad y al nacionalismo, pero evade el costo real. Retirarse no solo dejaría a las víctimas sin justicia internacional, sino que aislaría al Perú, como pasó con Venezuela tras su salida en el 2012. Tratados comerciales, financiamiento internacional y la credibilidad del país estarían en riesgo. Y aunque se huya de la Corte IDH, la ONU y el Tribunal Penal Internacional seguirán vigilando.
Quienes más perderían son los peruanos vulnerables: indígenas, mujeres, comunidades LGTBI y familias de víctimas que dependen de la Corte para contrarrestar un sistema judicial a menudo politizado. La ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad del 2024, aprobada por el Congreso, es un ejemplo alarmante de cómo, sin la Corte, la impunidad podría afianzarse. Organizaciones que luchan por los derechos, también quedarían debilitadas.
«La ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad del 2024, aprobada por el Congreso, es un ejemplo alarmante de cómo, sin la Corte, la impunidad podría afianzarse»
La propuesta de una comisión multisectorial en junio del 2025, anunciada por el premier Eduardo Arana, parece un intento de ganar tiempo o calmar las aguas. Pero el riesgo es que se convierta en un paso hacia el retiro, impulsado por intereses políticos más que por un debate serio. La mayoría ciudadana (58%, según Datum 2023) se opone a salir de la Corte, y eso debería pesar.
En conclusión, el retiro de la Corte IDH no es una defensa de la soberanía, sino un paso hacia la impunidad y el aislamiento del País. Es hora de que el Perú apueste por fortalecer sus instituciones, no por huir de quienes las fiscalizan. La justicia no es un estorbo; es un derecho que nos une como nación.
