Este martes 18 de julio, a partir de las 4 pm, el juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada.
El pedido fue planteado por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder a pocas horas de que se venza el plazo de la detención preliminar. Hasta que el Poder Judicial resuelva el requerimiento, Goray y Fernandini permanecerán detenidos en la Prefectura de Lima.
La Fiscalía incluyó en su requerimiento a Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johanson, exdirectores del Fondo MiVivienda; y Luis Mesones Odar, ex asesor de Arroyo. Los tres exfuncionarios fueron colocados por la dueña de Marka Group a fin de obtener beneficios.
Goray Chong y Fernandini Arbulú permanecen detenidos desde el viernes 7 de julio. La empresaria fue intervenida al aterrizar su avión en Lima, mientras que el ex conductor de televisión fue arrestado cerca a la embajada de Estados Unidos en Perú tras tramitar la renovación de su visa.
Para que el juez dicte prisión preventiva se deben cumplir tres presupuestos: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de la pena superior a cuatro años, y peligro procesal (se puede manifestar con peligro de fuga u obstaculización).
Las imputaciones contra Sada Goray y Mauricio Fernandini
Tanto Sada Goray como Mauricio Fernandini han reconocido ante la Fiscalía su participación en la presunta organización criminal. La empresaria admitió haber entregado millonarios sobornos a Salatiel Marrufo, mientras que el periodista confesó que alquiló su departamento para que se lleven a cabo reuniones con el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, según la tesis fiscal, ambos investigados habrían omitido información.
De acuerdo con un colaborador eficaz, la empresaria buscó obtener una segunda nacionalidad en República Dominicana, así como una residencia fiscal en Uruguay.
En tanto, Fernandini Arbulú no comunicó al Ministerio Público sobre la “donación” de sus propiedades a favor de su hermana. La cláusula tenía una condición: no sean vendidos, transferidos o hipotecados, sino que deban mantenerse como uso personal.
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