El presidente del Poder Judicial, el juez supremo Javier Arévalo, advirtió que la Ley que restablece la bicameralidad incluye una reforma que permitiría a un fiscal de la Nación “politizado” no tramitar una acusación constitucional y blindar a un alto funcionario al que se le ha levantado el antejuicio político para que sea procesado penalmente por la presunta comisión de delitos.
Según lo revelado por Arévalo, el Congreso ha introducido una contrarreforma en la bicameralidad que altera el proceso de antejuicio político para altos cargos. En virtud de esta modificación, el fiscal de la Nación ya no estaría obligado a presentar acusaciones dentro de un plazo máximo de cinco días ante la Corte Suprema, una vez que el Pleno del Congreso apruebe las denuncias constitucionales correspondientes.
Modificación en bicameralidad
La modificación en cuestión afecta al artículo 100 de la Constitución Política del Perú. Anteriormente, el penúltimo párrafo de dicho artículo establecía que, en caso de que el Congreso vote a favor de acusar constitucionalmente a un alto funcionario, el fiscal de la Nación debía «formular denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días».
«Se ha publicado esta ley de reforma constitucional y en el artículo 100, tercer párrafo, está hablando de la acusación a altos funcionarios. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación evalúa conforme a sus atribuciones el ejercicio de la acción penal ante la Corte Suprema», explicó Arévalo durante la ceremonia de aniversario del Subsistema Nacional Subespecializado en Extinción de Dominio.
La preocupación expresada por el juez supremo radica en que, con esta nueva disposición, el fiscal de la Nación podría no iniciar formalmente una investigación preparatoria después de recibir la autorización del Congreso para procesar a un alto funcionario. En su lugar, existe el riesgo de que se retrase el proceso penal o, en el peor de los casos, se archive la investigación.
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