La Contraloría reveló que 142 directivos de libre designación y remoción pertenecientes a gobiernos regionales y municipalidades (provinciales y distritales) de Piura no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419.
De ese total, se desprende que 86 directivos no acreditan cumplir los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento. Mientras que otros 94 directivos tampoco acreditaron cumplir esos mismos requisitos mínimos establecidos en los documentos de gestión de la entidad fiscalizada.
Cabe señalar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del 2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.
La realización del operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” permitió verificar el cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el ejercicio de la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción en un total de 25 entidades.
Situaciones adversas
Según el Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, en los 25 informes de control se reveló un total de 98 situaciones adversas, entre las cuales se identificaron que catorce entidades sobrepasaron el límite del 5% del total de cargos o puestos existentes para la designación de servidores de confianza.
Este hecho no es acorde con la normativa vigente, la cual busca una administración pública moderna, jerárquica, profesional, para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a los usuarios. Respecto a este hallazgo, Piura se ubica en cuarto lugar después de Áncash (22 entidades), Junín (19) y San Martín (18).
Adicionalmente, se identificó una entidad pública que superó el tope de 50 plazas de servidores de confianza y que no acreditaron haber presentado la solicitud de excepción a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Se trata del Gobierno Regional de Piura.
Los auditores de la Contraloría también encontraron que en 20 entidades públicas no se acreditó haber realizado una verificación de los requisitos mínimos exigidos en la normativa aplicable para la designación de cargos directivos.
Otro hallazgo relevante es que en 13 entidades intervenidas durante el operativo nacional no se actualizaron los instrumentos de gestión referidos al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Clasificador de Cargos, tal como lo dispone Ley Nº 31419, lo que provocaría el riesgo de no contar con directivos que cumplan requisitos acordes con la naturaleza y especialidad de cada entidad.
