Piura: 40 agroexportadoras serán multadas por no respetar derechos laborales y protocolos anticovid

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que durante el 2020 se han realizado más de 200 inspecciones a empresas agroexportadoras en Piura, de las cuales 50 empresas se encuentran en proceso sancionador y más de 40 serán multadas por vulnerar derechos laborales o incumplir el protocolo de Seguridad y Salud en el trabajo.

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La semana pasada el Legislativo derogó la Ley de Promoción Agraria tras las protestas de los trabajadores que denunciaron abusos laborales por parte de las agroexportadoras. En el caso de Piura, el reclamo se centró en la empresa Pedregal S.A, por no pagar horas extras y otros beneficios a los trabajadores. Este caso fue tomado de oficio por la oficina de la Sunafil Piura tras la difusión de la protesta en medios de comunicación. 

El intendente regional de Sunafil, Orlando Añazco Núnjar, explicó que durante el procedimiento sancionador, esta empresa y otras tienen un plazo de cinco días para realizar sus descargos, luego se emite el informe final y resolución de multa.

“Si la subsanación se realiza antes de la imputación de cargo, se exime de responsabilidad. Si se subsana durante el procedimiento sancionador, se reduce la multa”, precisó.

Según el portal de la Cámara de Comercio de Piura estas son más de 20 las empresas agroexportadoras que operan en la región. Entre ellas figuran Agrícola del Chira, Agrícola Tungasuca, Ecosac Agrícola, El Pedregal, Agrícola El Albo, Agro Exportaciones AE, Frutos del Norte, Limones Piuranos, entre otras.

No se cumplen protocolos de seguridad

De las inspecciones realizadas, más del 50% son por incumplimiento del protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya fiscalización se ha reforzado durante la emergencia sanitaria por la Covid-19.

“Tenemos que verificar que se otorguen los equipos de protección. Nuestra región tiene un clima particular y tienen que otorgarse implementos de seguridad de acuerdo a nuestra realidad”, anotó.

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El intendente sostuvo que no necesariamente todas las empresas agroexportadoras estaban obligadas a acogerse al régimen especial agrario, que fue derogado por el Congreso de la República tras las protestas de los trabajadores agrarios.

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