Pese a las pruebas médicas, Gobierno obvió las evidencias en el caso Espinar

Según el portal web convoca.pe, en la provincia cusqueña de Espinar, cientos de pobladores viven con excesos de minerales en el cuerpo al pie de depósitos de relaves de las operaciones de la antigua Xstrata Tintaya, hoy en manos del gigante suizo Glencore. Pese a las pruebas médicas oficiales, en los últimos cinco años el gobierno peruano ocultó las evidencias.

–Mamá grande, yo tengo metales pesados. ¿A cuánto los venderé? (…) El niño no sabe que eso es una enfermedad para siempre, para su eterno (sic). No solo para él, para sus hijos –dice Melchora Surco Rimachi mientras aprieta los ojos llenos de lágrimas y de rabia–. El niño piensa “soy rico” porque tengo metales pesados, pero él no sabe lo que dice.

Melchora reclama, Melchora se indigna, Melchora se quiebra y aun así sale al frente. Ella es la abuela de Yedamel López Champi, un niño que nació en la provincia de Espinar, en Cusco, y cuando apenas tenía siete años de edad las autoridades del sector Salud encontraron en su orina metales pesados como el plomo, el arsénico, el cadmio y el mercurio, los cuatro calificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como altamente cancerígenos para el ser humano. También encontraron en esta prueba de laboratorio rastros de metales tan raros como el molibdeno, el cobalto, el estroncio, el cesio y el tungsteno.

En octubre de 2010 el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), que depende del Ministerio de Salud, recogió muestras de sangre y orina de cientos de pobladores de las comunidades de Huisa y Alto Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, y a pocos metros de las operaciones de la entonces minera Xstrata Tintaya, que en mayo de 2013 se fusionó con Glencore, el gigante suizo que controla el 50% del mercado mundial de cobre.

En 2013, Censopas recogió nuevas muestras para otro informe, entre las que aparecían las del pequeño Yedamel que hoy tiene 10 años de edad y ya no vive en la comunidad campesina Alto Huancané, donde creció. Su familia lo llevó a la ciudad de Espinar, para evitar que siga exponiéndose a la contaminación como varios otros pobladores. Ellos son los refugiados ambientales, los que viven la misma incertidumbre de las mujeres, hombres, niños y ancianos que no han podido huir.

–Vayamos donde vayamos ya tenemos metales, ya somos papa agusanada. ¿Adónde voy a escapar? –pregunta Melchora a sus 60 años en nuestra visita a Espinar, adonde Convoca llegó con el diario La República para investigar el impacto ambiental de la actividad minera en estas comunidades cusqueñas.

Este equipo accedió a nuevos documentos y los resultados de laboratorio de más de 100 pobladores que autorizaron su difusión, y que forman parte del estudio realizado por Censopas en 2013. Las cifras fueron llevadas al Excel para establecer nuevos hallazgos que luego se confrontaron con médicos, toxicólogos y los funcionarios involucrados.

Esta es la primera parte de una investigación que revela que han pasado cinco años en los que las negligencias y medias verdades impidieron que los comuneros de Espinar, incluso, encontraran una solución médica por su cuenta.

CUERPOS DE MINERALES

Los excesos de metales contaminantes en los cuerpos de cientos de pobladores de Alto Huancané y Huisa han sido largamente probados en dos informes de Censopas. Lo que esta institución encontró en su primer estudio de 2010 fue el detonante de un conflicto social con muertos y heridos en Espinar que, aún hoy, no tiene solución: el 100% de las personas que fueron sometidas al examen estuvieron expuestas a arsénico (332 muestras), mercurio (231), cadmio (254) y plomo (492), mientras que 29 de estas muestras superaron los parámetros establecidos por la Organización Mundial de Salud para arsénico, 24 para mercurio, 11 para cadmio y 9 para plomo.

Estos pobladores, sin embargo, no llegaron a saber que tenían metales pesados sino hasta mayo de 2013. Y nunca lo hubieran sabido si es que el proyecto minero Quechua, subsidiaria de la cuprífera japonesa Pan Pacific, no le hubiese encargado a Censopas hacer este estudio como parte de sus actividades de exploración debido a que la zona de influencia se superponía a las operaciones de la mina Tintaya.

En 2013, Censopas hizo un nuevo estudio por encargo de la mesa de diálogo de Espinar, que se creó para dar solución al conflicto social. Esta vez se recogieron 180 muestras de orina. Entre ellas, la de Yedamel. En todas se detectaron excesos en por lo menos uno de los diecisiete metales analizados, y en 52 casos se hallaron niveles por encima de los parámetros de la OMS.

Los minerales más recurrentes fueron arsénico y plomo. Ambos se registraron en 32 casos de acuerdo a un análisis realizado por Convoca a partir de los resultados de los laboratorios del CDC (Center for Disease Control and Prevention) de los EEUU, adonde Censopas envió las muestras luego de recolectarlas en enero de 2013.

El análisis confirmó lo que ya se sabía desde 2010 para el plomo, el arsénico, el mercurio y el cadmio. Pero, además, arrojó resultados sorprendentes sobre la exposición de las comunidades de Espinar a sustancias como el uranio y el molibdeno, y otras nueve sustancias para las que los donantes de muestras no habían suscrito consentimientos informados.

De los 17 metales, las evaluaciones consentidas de seis sustancias fueron entregadas a los pobladores luego de que se hicieron públicos en la mesa de diálogo, en agosto de 2013, mientras que los otros 11 quedaron en poder de Censopas, y no se entregaron hasta diciembre de 2014.

Las personas examinadas recibieron las constancias de los resultados sin sellos. Ladoctora María del Carmen Gastañaga, quien era la directora de Censopas cuando se hizo el estudio de 2010, dijo a Convoca que esta institución solo sirvió de intermediaria entre el CDC y los investigadores Carlos Sánchez Zavala y Fernando Osores, quienes estuvieron a cargo del trabajo. Sánchez dijo que eso era “totalmente falso”.

“Nos han mandado (los resultados) así como burla, sin firma”, dice Santusa Noñonca de Kana, que vive a 360 metros de la presa de relaves de Camaccmayo en Alto Huancané. Las filtraciones de agua amarillenta están empozadas en el patio y uno de los cuartos de la casa de Santusa. “Yo le he preguntado al señor Pulgar Vidal (ministro del Ambiente): ¿Así con esta filtración, con esta agua apestando, así vamos a vivir?, ¿y a cuánto de kilometraje tiene que vivir de la relavera la gente?”, cuenta Santusa al recordar que el ministro visitó su casa.

En mayo de 2012, el ministro del Ambiente aseguró que el estudio de Censopas no se realizó en el área de influencia de la entonces minera Xstrata. Hoy, después de más de tres años, el viceministro de gestión ambiental, Mariano Castro, reconoció en una respuesta enviada anoche vía correo, que algunas comunidades como Huisa, “se ubican en la intersección del área de influencia” del proyecto Quechua y de Tintaya Antapaccay.

Hay decenas de comuneros con metales en el cuerpo que viven en el sector Paccpaco, de Alto Huancané, incluso a apenas 100 metros del depósito de relaves mineros Camaccmayo, que estuvo en manos de Xstrata Tintaya, según las coordenadas recogidas por Convoca en la zona.  Lo mismo sucede en el sector Chipta de la comunidad Huisa, donde Ceferino Kana Achiri vive con su esposa Teresa y sus dos hijos al frente del depósito de relaves Huinipampa.

En resoluciones de sanción ratificadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre 2010 y 2014, aparecen por lo menos tres infracciones relacionadas a malos manejos de la empresa de estos depósitos de desechos mineros. Entre las faltas más recurrentes detectadas dentro y fuera de la mina en siete procesos sancionadores, figuran el incumplimiento de normas de protección ambiental, descargas de efluentes, vertimiento de relaves y afectación del suelo natural.

La compañía minera Antapaccay respondió “que no tiene responsabilidad sobre la contaminación de Espinar” y que la presencia de “muy pocos metales pesados” en las aguas se debe a “un origen geológico o natural”, de acuerdo a un informe de monitoreo sanitario ambiental realizado en 2013 como parte de la mesa de diálogo.

Foto: La República

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