Hace ya casi dos meses que dieron comienzo las protestas sociales en Chile y en el resto de América Latina y la llama reivindicatoria sigue encendida. De hecho, parece haberse avivado aún más con el último informe publicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU). En un dossier de 35 páginas analizando la situación, se afirma que ha habido reiteradas violaciones de los derechos humanos entre los pasados 30 de octubre y 22 de noviembre.
Un informe que avala las violaciones
Lo explicado en el informe de la ONU al que hemos hecho referencia ya aparecía reflejada en los estudios realizados por las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch y Amnistía Internacional. La mayoría de esas violaciones de los derechos humanos parecen tener que ver con el uso excesivo y, sobre todo, innecesario de la fuerza por parte de la policía y del ejército. También se hace referencia a lesiones, violencia sexual, detenciones injustificadas, tortura e, incluso, asesinatos.
Las páginas más escabrosas del informe hablan, incluso, acerca de cómo miembros del ejército vendaban los ojos de los detenidos y simulaban sus ejecuciones. Además, muchos reportan que los militares les amenazaban con hacerlos ‘desaparecer’ para siempre. Hechos especialmente graves que se suman a las acusaciones de malos tratos y torturas comentadas anteriormente.
De hecho, Michelle Bachelet, ahora ocupando el puesto de Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos, se atreve a señalar directamente a los Carabineros y al Ejército de Chile, los cuales no han atendido a la reglamentación internacional en cuanto al uso de la fuerza a la hora de actuar en conflictos de este tipo. De hecho, no dudaron en utilizarla incluso cuando las marchas estaban siendo totalmente pacíficas. También resta credibilidad a las acusaciones por parte de la policía contra los manifestantes del uso de pistolas de goma.
La abierta preocupación de la ONU
La ONU se muestra alarmada en ese informe ante el auge de las protestas a nivel mundial y a los niveles de violencia utilizadas para reprimirlas. De hecho, destaca el elevado volumen de víctimas con daños oculares provocados por el uso de pelotas de goma por parte del personal antidisturbios durante las concentraciones. Muchas de esas lesiones fueron reportadas antes del 22 de octubre, fecha en las que se le dio autorización oficial para actuar.
Parece evidente que el Ejecutivo chileno pudo haberse ahorrado el uso de determinadas medidas disuasorias y que estas lo han puesto en el punto de vista de todo el mundo. De hecho, en ese informe se insta también al Gobierno de la nación a poner fin al uso de esas armas menos letales salvo en casos de extraordinaria necesidad y a reportar informes detallados sobre las detenciones realizadas y de las lesiones sufridas por los manifestantes.
Lo que está claro es que la ONU, de la mano de las principales ONG en materia de protección de los derechos humanos, han dejado a las claras que en Chile y en otros muchos lugares de América Latina se están violando sistemáticamente los derechos humanos a la hora de reprimir las protestas sociales. Un hecho repudiable en pleno siglo XXI.
