MTC lanzará convocatoria para ejecutar 11 puentes en Tambogrande, Chulucanas y Morropón

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones lanzará convocatoria en septiembre para ejecutar 11 puentes definitivos en la provincia de Morropón y en los distritos de Tambogrande y Chulucanas en la ruta nacional PE-1NR.

El viceministro de Transporte, Ismael Sutta, informó que en la etapa del proceso de selección, los postores realizarán sus consultas y observaciones para luego presentar sus propuestas, que serán evaluadas y se elegirá al ganador para la ejecución y supervisión del proyecto. Posteriormente se otorgará la buena pro, la firma del contrato e inicio de la obra. 

Los puentes definitivos que se construirán son San Francisco (300 metros de largo), Sol Sol (280 m), Paccha (200 m), Yapatera (120 m), Las Damas (120 m), Zanjón del Zorro (100 m), San Juan de Malingas (80 m), Bonapira (60 m), Bocana (60 m) y La Peña (40 m). 

Estas vías tendrán doble carril, uno en cada sentido, y contará con bermas laterales y pasarelas peatonales. La inversión es de S/ 595 millones. 

Asimismo, se informó que el MTC, a través de Provias Descentralizado, se entregó a los gobiernos locales de la región Piura, 80 mil galones de combustible para la atención de emergencias en la red vial subnacional, por un importe de S/ 1.6 millones.

Los once puentes en Piura

Como se recuerda, en abril de este año, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Paola Lazarte Castillo, indicó que ya se habían aprobado los expedientes técnicos de los 11 puentes para Piura. Sin embargo, una de las empresas del “Consorcio Peruano Puentes Piura”, Servicio de Consultores Andinos (SERCONSULT S.A.), estuvo vinculada al caso Lava Jato. 

SERCONSULT integró el consorcio que supervisó la obra del tramo 2 de la carretera IIRSA Sur, ejecutada por Odebrecht, Graña y Montero y otras empresas, e incluida en la investigación por corrupción del caso Lava Jato, entre 2006 y 2010. Esta empresa ha recibido varias sanciones, multas y penalidades por diversas faltas. Incluso, en junio de 2022 fue inhabilitada por un año para contratar con el Estado.

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