Por: Miguel Márquez, especialista de gobernabilidad del Proyecto «Voces por la igualdad».
En la región Piura, un 9.3% que equivale a 173 mil 477 personas padecen de algún tipo de discapacidad; sin embargo, de esta cifra podemos añadir que solo 21 mil 639 pobladores se encuentran inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, según el Censo Nacional 2017. Ante las protestas registradas en las últimas semanas en el Perú, dejando un saldo de 22 personas fallecidas en los enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas, debido al adelanto de elecciones y la baja aceptación de las y los ciudadanos a la presidenta Dina Boluarte. En este sentido, es necesario que nuestra clase política genere puentes de diálogo que den tranquilidad al país y que el gobierno actual promueva un país con igualdad de oportunidades reduciendo la tasa alta de vulnerabilidad de las personas con discapacidad.
Debemos conocer que la Ley N°29973, ley de la persona con discapacidad, en su artículo 3 dispone que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e internacionales para que alcance la igualdad de hecho; sin embargo, existe una brecha entre la población con discapacidad y sin discapacidad con respecto a las características de empleabilidad de la persona.
En octubre de este año, el Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo publicó el “Reporte del mercado laboral para personas con discapacidad en el Perú 2019-2022”, este documento expresa que aproximadamente cuatro de cada 10 personas con discapacidad forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Quiero precisar que, para el caso de las personas sin discapacidad, unas siete de cada 10 se encuentran en la PEA.
Invito a las y los ciudadanos a ser vigilantes de la normativa que promueve el Estado, en el sentido que las entidades públicas deben cumplir la cuota laboral del 5% de personas con discapacidad del total de colaboradores. Además, los empleadores privados con más de 50 colaboradores, deben efectuar tener al menos un 3% de personas con discapacidad. Si deseamos un Perú mejor, debemos impulsar desde nuestros espacios, que esta población, tenga un trabajo justo, con condiciones seguras y saludables, para poder desarrollarse.
